El Gobierno tomará medidas ante las iniciativas autonómicas sobre Memoria impulsadas por PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, considerando que van en contra de los valores de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

Se tiene previsto elevar esta cuestión ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación, el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa por su gravedad según fuentes de Moncloa.

El Gobierno también ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si las comunidades no retiran los puntos de las iniciativas que vulneran el espíritu de la Ley de Memoria.

En Naciones Unidas se recurrirá a los relatores para evaluar la conformidad de las medidas con los compromisos internacionales de España en Derechos Humanos.

En la Eurocámara se promoverán iniciativas para incluir en el orden del día del pleno del Parlamento el debate y votación por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas.

En el Consejo de Europa se invocará la posible violación de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos y se promoverá un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de las leyes de memoria democrática aprobadas por las comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox.

El Gobierno informará a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos sobre la gravedad de la situación y pedirá la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España ante la aprobación de "leyes de derogación" por parte de los gobiernos autonómicos de PP y Vox.