València, 27 de abril. En un claro intento por desacreditar la gestión del gobierno valenciano, el PSPV-PSOE ha denunciado lo que consideran "estrategias poco transparentes" del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y del Partido Popular. Alegan que su intención es transformar las infraestructuras de la Comunidad Valenciana en un lucrativo negocio privado. "Es bien sabido que el Partido Popular tiene una larga trayectoria en la gestión de negocios", expresaron representantes del partido.

Este fin de semana, Pere Rostoll, secretario de Infraestructuras, Transportes y Movilidad Sostenible del PSPV-PSOE, se mostró alarmado por el reciente anuncio del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus. Esta declaración da luz verde al desdoblamiento de la carretera CV-95 en la Vega Baja bajo un modelo de pago por concesión, eliminando así las asignaciones presupuestarias previamente estipuladas, lo que, según él, pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a una movilidad pública adecuada.

Rostoll hizo hincapié en que "la decisión del Consell sobre la CV-95 es muy preocupante" y afirmó que al convertir las infraestructuras en una cuestión de negocio, se incrementan notablemente los costos. Asimismo, denunció que esta transformación del proyecto demuestra una vez más la intención del Partido Popular de desmantelar los avances logrados por el Botànic, evidenciando la falta de una visión a largo plazo por parte de Mazón para la Vega Baja y la Comunidad Valenciana en general.

El dirigente socialista recordó que el gobierno regional había cancelado una iniciativa pública destinada a revitalizar la comarca tras la reciente dana, tan solo para "empezar a regalar las infraestructuras al sector privado". En sus declaraciones, enfatizó que "no están buscando soluciones a los problemas de la ciudadanía, sino que están priorizando sus intereses empresariales".

Desde su perspectiva, el enfoque del Consell respecto a la CV-95 también conlleva "consecuencias negativas adicionales" que impactarán en los ciudadanos. Argumentó que este esquema privatizado está destinado a comprometer futuras asignaciones presupuestarias a través de pagos a una empresa concesionaria, posiblemente por un periodo de hasta 40 años, además de delegar el mantenimiento de la carretera a la misma, poniendo en riesgo la seguridad vial de los ciudadanos.

"Nos están llevando a hipotecar el futuro, tal como hicieron durante dos décadas antes, y ahora también quieren pasar la responsabilidad de la seguridad vial a la iniciativa privada. Esta situación es completamente inaceptable", concluyó Rostoll con determinación.