El Partido Popular ha criticado duramente a los socialistas por su negativa a aceptar cualquier grado de responsabilidad en el caso de Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Vox, por su parte, ha ido más allá al calificar a los implicados de "banda mafiosa y criminal".

La posición del PSPV se ha mantenido firme, asegurando que acatarán las decisiones judiciales conforme avance el proceso judicial de Francis Puig y su socio, Juan Enrique Adell Bover. Ambos están siendo juzgados por supuestas irregularidades en la obtención de subsidios destinados a promover el valenciano durante el período comprendido entre 2015 y 2018.

El juez ha estipulado que ambos acusados podrían haber cometido un delito continuado de falsedad documental y estafa agravada, fijando fianzas de 147.589,29 y 99.614,33 euros para cada uno de ellos, respectivamente.

José Muñoz, síndic del PSPV, ha subrayado que los socialistas están dispuestos a respetar las decisiones judiciales, pero ha insistido en que, a diferencia de los 20 años de gobierno del PP, no hay nadie del anterior gobierno del Botànic que esté en el banquillo.

Compromís también ha tomado posición, con Joan Baldoví expresando su total confianza en que la justicia actúe adecuadamente en este asunto, aunque enfatizando que las irregularidades en cuestión provienen únicamente de un empresario y no del gobierno autonómico.

En contraste, Juanfran Pérez Llorca, del PP, ha acusado al PSPV de intentar desviar la atención del caso y no aceptar su responsabilidad política, señalando que la conexión familiar con el ex presidente Ximo Puig agrava la situación. Pérez Llorca ha mencionado el caso Nóos, sugiriendo que la situación podría tener similitudes.

Este también ha puesto en tela de juicio la continuidad de Ximo Puig en su actual cargo como embajador de España en la OCDE, estableciendo un paralelismo con la situación del exministro José Luis Ábalos, quien enfrenta una citación en el Tribunal Supremo por presuntos cobros ilegales ligados a obras públicas.

Por su parte, José Mª Llanos de Vox no se ha mostrado sorprendido por la situación legal de Puig, reafirmando su postura de que existen indicios de una "trama de corrupción" vinculada al PSOE. Ha señalado a figuras cercanas al gobierno, como el hermano del presidente y Ábalos, como parte de esta supuesta red corrupta.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que Ábalos enfrentara prisión, Llanos manifestó que no le resultaría sorprendente, especialmente si los hechos que emergen pueden sostener acusaciones de delitos continuados. Insistió en que la información disponible ya sugiere claras razones para tomar medidas más drásticas.