Crónica Valencia.

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El PSPV promete luchar legalmente contra la modificación de la Ley Trans.

El PSPV promete luchar legalmente contra la modificación de la Ley Trans.

El Partido Popular ha hecho una firme declaración al afirmar que "nunca apoyará lo que se conoce como terapias de conversión", y ha acusado al actual gobierno del Botànic de encubrir tales prácticas.

Cristina Martínez, portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, ha anunciado que su partido interpondrá "todas las acciones legales posibles para detener el retroceso que la modificación de la Ley Trans representa". Según Martínez, "lo que está en juego son las vidas, la dignidad y la libertad de miles de personas", subrayando la importancia de proteger estos derechos fundamentales.

Estas declaraciones se producen en contexto de una reciente propuesta de cambio por parte de PP y Vox a la Ley Trans de 2017, la cual defendía el derecho a la autodeterminación sin coacciones legales o sociales. Se busca asegurar que la ley no conduzca a la patologización de la identidad de género.

Martínez ha criticado el acuerdo entre ambas formaciones, señalando que afecta negativamente a la Ley Trans valenciana, desmantelando protecciones clave. Ha argumentado que las nuevas enmiendas abiertas por PP y Vox eliminan secciones sobre diversidad sexual y potencialmente permiten el uso de terapias de conversión, socavando así las garantías para las personas trans, especialmente para los menores.

“Lo que proponen no solo se alinea con la extrema derecha, sino que también pone en riesgo vidas humanas. Esta tendencia promueve discursos de odio, algo que el Gobierno de Mazón ha fomentado desde el principio. Este es un precio muy alto para mantener a Mazón en el poder cuando debería haber dimitido hace tiempo”, ha afirmado con determinación.

La portavoz ha insistido en que el PSPV se opone firmemente a cualquier violación de los derechos humanos de la comunidad trans y LGTBI+. Reiteró su compromiso de defender cada uno de los derechos conquistados, asegurando que "no habrá marcha atrás, dado que las vidas, la dignidad y la libertad de muchas personas están en juego".

Verónica Marcos, portavoz de Políticas LGTBI del grupo parlamentario popular, respondió a las acusaciones, reiterando que "el Partido Popular no apoya, ni ha apoyado, ni apoyará jamás las mal llamadas terapias de conversión, que son ilegales y han causado sufrimiento".

En un comunicado, acusó al gobierno del Botànic de ocultar estas actividades mientras "presumía de diversidad" y criticó la falta de acción de la izquierda valenciana, que "durante años permitió que estas prácticas existieran en centros educativos y organizaciones privadas".

Marcos también defendió que ha sido el actual Consell quien ha denunciado casos de terapias de conversión a la Fiscalía, alegando que el gobierno anterior ocultó esta problemática para mantener su discurso ideológico intacto. "¿Cómo pueden hablar ahora cuando antes no les preocupaba el bienestar de nadie?", preguntó retóricamente.

Respecto a la reforma de la Ley Trans, la diputada del GPP subrayó que la prioridad es “garantizar la protección de los menores”, añadiendo que se otorga mayor papel a los padres en decisiones sobre tratamientos médicos, requiriendo su consentimiento o un aval judicial para tratamientos hormonales en la infancia.

También se aseguró que se brindará asistencia psicológica a menores y adultos y que, en casos de condiciones de salud que puedan influir en el tratamiento, será esencial un informe de un profesional médico.

Marcos recalcó que la prohibición de las terapias de conversión está "totalmente vigente" y que el artículo correspondiente no se verá modificado, reiterando que tales prácticas permanecen fuera de la ley. "Cualquier afirmación contraria es una manipulación de la opinión pública", subrayó.

Finalmente, expuso que la reforma adaptará la legislación valenciana a las normativas estatales recientes, eliminando redundancias administrativas y estableciendo un régimen sancionador más eficaz. Resaltó que el modelo actual no ha logrado resolver ningún expediente sancionador en más de diez años, y concluyó que el Consell ha demostrado su compromiso con los derechos LGTBI+ a través de acciones concretas en lugar de retóricas vacías.