El Tribunal Supremo ha decidido tomar acción ante la demanda presentada por la Generalitat en contra del Gobierno de España por su negativa a convocar la Conferencia de Presidentes, dando continuidad al proceso legal en curso, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

La decisión de iniciar acciones legales fue tomada por el pleno del Consell el pasado 2 de agosto, con el objetivo de presionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar la reunión de los presidentes autonómicos, incluyendo la presentación de un recurso por su "inacción".

La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, fue clara al señalar que es imperativo que Sánchez convoque la Conferencia para abordar temas como la Ley de Amnistía y la financiación autonómica, entre otros asuntos de interés común para las comunidades autónomas.

Según Merino, el presidente del Gobierno está obligado por el reglamento de la Conferencia de Presidentes a convocarla al menos dos veces al año, una obligación que no ha cumplido desde la última reunión en La Palma en marzo de 2022.

La normativa también establece que la Conferencia puede ser convocada por iniciativa del presidente del Gobierno, del Comité preparatorio o de diez presidentes autonómicos, como lo han solicitado en conjunto en varias ocasiones.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto a otros presidentes autonómicos, ha instado en dos ocasiones a la convocatoria de la Conferencia para discutir temas como la Ley de Amnistía y el modelo de financiación autonómica.

Desde el Consell se destaca la importancia de abordar temas como vivienda, agua y política migratoria en la Conferencia de Presidentes, debido a la falta de una política migratoria nacional adecuada que afecta directamente a las comunidades autónomas.