El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha optado por el silencio en su reciente comparecencia ante el Tribunal Supremo, un gesto que refleja su sensación de vulnerabilidad, especialmente en un contexto complicado donde se encuentra en desacuerdo con su abogado, José Aníbal Álvarez.

Durante la audiencia, el magistrado Leopoldo Puente decidió no acceder a la solicitud de las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, para que Ábalos fuera detenido de forma provisional. En cambio, el juez coincidió con la Fiscalía en que lo apropiado es mantener las medidas cautelares que ya pesan sobre el exministro, que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente en la corte.

El silencio de Ábalos fue particularmente significativo, ya que anteriormente había optado por hablar en otros tres encuentros. Su abogado había esperado que este miércoles también pudiera colaborar con la justicia, pero su relación se había deteriorado a tal punto que Ábalos indicó su deseo de cambiar de defensa, algo que el magistrado consideró como un intento inadecuado de evadir la nueva cita judicial.

En su intervención breve, Ábalos dejó claro que la verdadera "fraude de ley" sería renunciar a su cargo de diputado, para que la causa fuera manejada por un juez de la Audiencia Nacional que investiga otros aspectos relacionados con el 'caso Koldo'. Puente interrumpió al exministro, insistiendo en que no era necesario justificar su decisión de no declarar.

Después de esto, comenzó la vista sobre las medidas cautelares. La Fiscalía reiteró su solicitud de mantener las restricciones ya impuestas: la prohibición de salir del país y la obligación de firma cada dos semanas. Aunque reconocieron que los indicios contra Ábalos habían aumentado, argumentaron que aún no existían motivos suficientes para exigir su ingreso en prisión.

La defensa, por su parte, argumentó que la petición del Partido Popular tenía una clara motivación política. La mayoría de las acusaciones populares solicitaron que el exministro fuera encarcelado, pero a la vez pidieron que no fuera a la misma prisión que otros implicados en el caso.

Desde que Ábalos fue señalado hace casi un año, la investigación ha evolucionado, revelando posibles irregularidades relacionadas con contratos del sector sanitario durante la pandemia, así como la aparición de hechos relacionados con supuestos sobornos a cambio de obras públicas.

Este complicado entramado ha obligado al magistrado a separar distintas líneas de investigación, dedicando una pieza específica a los posibles sobornos, mientras que otros aspectos, como el implicar a la expareja de Ábalos en empresas públicas sin que esta trabajara, permanecen en la carpeta principal del caso.

El juez Puente estaba a la espera de un informe sobre la situación financiera de Ábalos, en el que se mencionaba la gestión de un capital que se sospecha está asociado al exdirigente socialista. Este informe ha arrojado luz sobre los posibles vínculos entre los patrimonios de Ábalos y un colaborador, incluyendo el destino de pagos significativos que no se correlacionan con sus ingresos conocidos.

El informe de la UCO detectó gastos no justificados por un monto considerable, además de pagos en efectivo que el propio PSOE realizó a Ábalos. Conversaciones entre Koldo y su pareja sugieren que parte del dinero manejado no era suyo, sino que pertenecía al exministro, utilizando términos poco habituales al referirse a billetes de alta denominación.

En este contexto, el magistrado concluye que existen métodos de comunicación poco claros entre Ábalos y su colaborador, sugiriendo que ambos podrían estar involucrados en actividades ilícitas cuyas repercusiones aún se están investigando, mientras se aprecia un entorno de irregularidades que desafían la transparencia.