Un recurso contencioso-administrativo está actualmente en proceso contra la Presidencia de la Generalitat y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) debido a la supuesta inacción ante las trágicas consecuencias de la dana del pasado 29 de octubre.

VALÈNCIA, 21 de noviembre.

A la fecha de hoy, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha registrado un total de dos querellas y tres denuncias dirigidas contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón. Estas acciones legales surgen en respuesta a la desastrosa gestión de las inundaciones, que han arrojado un balance provisional de 220 fallecimientos y daños financieros alarmantes en más de 80 localidades de la provincia de Valencia.

Cuatro de las acciones legales están debidamente escritas y ahora aguardan la decisión de la Sala sobre su admisión o inadmisión, así como sobre la competencia del tribunal. En una quinta acción, se ha solicitado al querellante que complete la documentación necesaria, incluyendo un poder especial para la interposición de su queja, según la información proporcionada por el TSJCV.

Entre las denuncias registradas se encuentra una querella presentada por la organización Iustitia Europa, así como una denuncia por parte del sindicato CGT, la cual fue dirigida a la Fiscalía Provincial por un posible delito contra los derechos de los trabajadores y posteriormente trasladada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV. Además, hay dos denuncias de ciudadanos, que son abogados —una de estas también señala a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas—, y la mencionada querella pendiente de completar.

Asimismo, el alto tribunal valenciano tiene bajo su consideración otro recurso contencioso-administrativo presentado por un abogado que alega inacción por parte de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y la AVSRE. Este recurso ya ha sido admitido a trámite y se encuentra en fase de tramitación, conforme a lo estipulado en el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que ha requerido a la administración demandada la entrega de los correspondientes expedientes administrativos.

En otra acción judicial similar, se ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas contra la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana por parte de la organización Liberum. Sin embargo, la Sección Cuarta de esta sala del TSJCV se declaró incompetente para dirimir esta disputa, dado que estaba dirigida contra el Gobierno central, por lo que decidió inhibirse en favor de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Respecto a la vía penal en los Juzgados de Instrucción, el TSJCV tiene constancia de una denuncia presentada por Manos Limpias, que involucra a responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Aemet y la Agencia Valenciana de Emergencias. Este caso fue inicialmente remitido al Juzgado de Instrucción número 15, que posteriormente se inhibió en favor del Juzgado número 20, al ser este último el primero en abrir diligencias relacionadas con el fallecimiento de un ciudadano durante las inundaciones.

Este último juzgado ha desestimado la inhibición, considerándola "prematura" y sin que en este momento procesal se aprecie un "nexo causal" entre los acontecimientos señalados en la denuncia y el fallecimiento del vecino del barrio de La Torre, que ocurrió durante la noche de la inundación.

Por otro lado, también se está tramitando una querella presentada por la organización Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Esta acción ha sido inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Valencia debido a un defecto formal, puesto que no se presentó un poder especial, sino uno general. Según el TSJCV, esta inadmisión se debe a un defecto procesal que es subsanable referente al apoderamiento necesario para la querella.