En un contexto de creciente preocupación por el futuro del empleo en la región, la patronal CEV y los sindicatos han expresado hoy su firme solicitud al Gobierno para que se extiendan los ERTE debido a los efectos devastadores de la dana. En la primera reunión del grupo de trabajo dedicado a la reconstrucción en materia de empleo, se abordó la grave situación laboral que podría resultar en el cierre permanente del 15 al 20% de los negocios afectados.

La reunión se llevó a cabo en la Delegación del Gobierno, contando con la presencia de la delegada, Pilar Bernabé, así como representantes de la CEV, sindicatos y funcionarios clave, como el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, y el comisionado para la reconstrucción, José María Ángel. Este encuentro es crucial para establecer un frente común ante la crisis laboral.

Eva Blasco, presidenta de la CEV Valencia, enfatizó la necesidad de proteger el empleo en una región donde el 80% del tejido productivo está formado por microempresas. Subrayó que es "fundamental" prolongar los ERTE, ya que la totalidad de las empresas que solicitan esta cobertura tienen la intención de continuar su actividad, aunque no puede garantizárselo debido a múltiples factores externos que influyen en su viabilidad.

Blasco también diferenció la actual crisis de la pandemia, cuando muchas empresas conservaban sus activos intactos y podían reabrir tras el levantamiento de restricciones. En cambio, tras la riada, muchas compañías han perdido prácticamente todos sus activos, lo que les ha llevado a no decidir aún sobre la solicitud de un ERTE, ya que están evaluando su viabilidad como negocio.

Las organizaciones empresariales han manifestado su preocupación por la posibilidad de que un 15 o 20% de los negocios cierren, especialmente en los sectores de comercio y hostelería. Además, Blasco señaló la importancia de continuar brindando ayudas a los autónomos, quienes, aunque operan de forma independiente, generan empleo y contribuyen significativamente a la economía local.

Ismael Sáez, secretario general de UGT PV, agradeció la creación de este grupo de trabajo, mencionando que un número considerable de empresas que han solicitado ERTE piensan que podrían haberse equivocado al solicitarlo dentro de un plazo determinado y que, probablemente, necesitarán más tiempo. Propuso una "prórroga automática" sin requerir justificaciones previas, sugiriendo que las verificaciones solo se realicen después de la aprobación.

A su vez, Ana García, secretaria general de CCOO PV, instó al Consell a reconocer la importancia del diálogo social, lamentando que los agentes sociales hayan sido excluidos del decreto de reconstrucción. Afirmó que es crítico facilitar la continuación de los ERTE, pues el llamado "escudo social" ha sido efectivo, y subrayó la necesidad de una coordinación administrativa en el Plan de Empleo promovido por el SEPE para ayudar a quienes han quedado desempleados.

Julio Huerta Balastegui, de la Fundación Horta Sud, advirtió acerca del impacto en el tejido asociativo que sostiene unos 2.000 puestos de trabajo en la comarca, enfrentándose a una paralización en un escenario donde muchos locales han quedado destruidos. Afirmó que la pérdida de una empresa o comercio es un desastre, pero insistió en que es igualmente crítico que no se pierdan entidades culturales y sociales, ya que estas no solo generan empleo, sino que son vitales para la cohesión social de las comunidades.

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, destacó el compromiso del Gobierno con el empleo, resaltando que la reconstrucción económica y social de Valencia es una prioridad. Indicó que, en menos de un mes, el Gobierno ha movilizado más de 16.600 millones de euros en tres reales decretos para ayudar a ciudadanos y empresas de todos tamaños afectados por la crisis.

Bernabé también informó que más de 26.000 trabajadores que están bajo la cobertura de los ERTE han recibido casi 24 millones de euros hasta la fecha, lo que impacta a 2.862 empresas locales. A ello se suman casi 8 millones en aportaciones a las cotizaciones. Además, se anunció un plan específico con un fondo de 50 millones de euros del SEPE destinado a los municipios dañados, con el objetivo de crear empleo para unas 8.000 personas cuyas capacidades laborales se han visto afectadas por la dana, contribuyendo así a los esfuerzos de reconstrucción de la región.