El excomisario de la Policía Nacional, Ricardo Ferris, se encuentra a las puertas de un juicio que podría llevarlo a cumplir tres años de prisión por un presunto delito de odio. Este hecho ocurre tras sus controversiales declaraciones en un acto de Vox en 2022, donde aseveró que "todos los delincuentes son inmigrantes, al menos en España", haciendo hincapié en la necesidad de abordar este "problema" social.

El juicio, programado para este miércoles a las 9.30 horas en la Audiencia de Valencia, enfrenta a Ferris a acusaciones formuladas por la Fiscalía y diferentes organizaciones sociales que representan a la acusación popular. Estas incluyen a València Acull y CIM Burkina, que piden no solo la condena por incitación al odio, sino también una inhabilitación de seis años para ejercer cualquier actividad educativa, deportiva o en la gestión pública, además del pago de una multa equivalente a doce meses de salario.

El excomisario, quien en su momento lideró la Comisaría Centro de València, participó en un evento público organizado por Vox y la Fundación para la Defensa de la Nación Española el 14 de octubre del año pasado. El acontecimiento fue transmitido a través de diversas plataformas sociales, lo que permitió que sus declaraciones alcanzaran una amplia audiencia.

Durante su intervención, Ferris estableció una conexión entre inmigración y delincuencia, repitiendo afirmaciones como "para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia" y sosteniendo que "todas las violaciones en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera". Esta retórica ha sido considerada por muchos como peligrosa y divisiva, dado el aumento del sentimiento anti-inmigrante en ciertos sectores de la sociedad.

El excomisario no se limitó a hablar sobre la delincuencia; también expresó que "los españoles somos un pueblo pacífico, pero vamos a tener que dejar de serlo" y sugirió que era momento de "echarle narices al asunto". Estas declaraciones han suscitado alarmas entre diversos grupos que defienden los derechos humanos y la convivencia pacífica.

La Dirección General de la Policía tomó medidas inmediatas ante la controversia, relevando a Ferris de sus funciones el 20 de octubre y abriendo una investigación para esclarecer la situación. Un grupo de aproximadamente treinta organizaciones promotoras de los derechos de los migrantes presentó una denuncia el 2 de noviembre acusando al excomisario de incitar al odio en sus declaraciones, entendiendo que sus palabras "merecen no solo condena social, sino también penal".

En enero de 2023, las organizaciones ampliaron la denuncia al observar que Ferris continuaba propagando su discurso de odio. Actualmente, València Acull y CIM Burkina son las únicas organizaciones que siguen adelante con la acusación popular, enfocándose en la lucha contra las manifestaciones de intolerancia.

Las acusaciones sostienen que, pese a su destitución, Ferris sigue recibiendo beneficios económicos por la ley que respalda su traslado a la segunda actividad. Se ha documentado que el excomisario continúa compartiendo contenido discriminatorio en sus redes sociales, donde se le ha visto promoviendo ideas incendiarias y llamando a la acción violenta en múltiples ocasiones.

Las entidades acusadoras han presentado pruebas recientes en las que Ferris reitera sus creencias, incluso replicando partes del discurso que dio en el evento de Vox. Resaltan que sus intervenciones están llenas de lenguaje despectivo hacia la comunidad migrante y afirman que ello provoca una escalada en la hostilidad hacia este grupo.

En su escrito, subrayan que el excomisario utilizó su posición de autoridad para difundir información falsa y demonizar a la población migrante, convirtiéndolos en blanco de estigmatización y agresiones. El impacto de su discurso ha sido significativo, generando un repunte de mensajes de odio en las redes sociales que promueven acciones de violencia contra migrantes, tales como llamados a "limpieza étnica" y justificaciones para actuar por mano propia.