VALÈNCIA, 18 de marzo. El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, se encuentra en el punto de mira tras ser citado como investigado por la jueza que lleva el caso relacionado con la devastadora dana del 29 de octubre. Argüeso afirma que el 112 no envió ningún tipo de comunicación al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante esa jornada crítica, a pesar de que el director de Emergencias, quien está bajo su mando, formaba parte del Cecopi.

Esta afirmación ha sido incluida en un recurso de reforma presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, donde se argumenta que Argüeso, quien fue el número dos de la Conselleria de Emergencias durante la gestión de Salomé Pradas —también investigada en el caso—, carece de acceso a la documentación necesaria para su defensa, lo que le coloca en una situación de “absoluta indefensión”.

El recurso se interpone en respuesta a un auto emitido el 14 de marzo, en el que se solicitaba a la subdirección general de emergencias que remitiera al Juzgado todos los audios de las llamadas hechas al 112 el 29 de octubre de 2024. La jueza, sin embargo, ha manifestado su preocupación por la posible vulneración del secreto de las comunicaciones, permitiendo el acceso únicamente si se cuenta con el consentimiento de los llamantes.

La defensa de Argüeso argumenta que estos audios son cruciales para investigar posibles delitos y preparar un futuro juicio. Señalan que actualmente solo hay dos investigados en el caso, y que Argüeso no ha sido informado de las acusaciones que se le imputan. La defensa subraya que el motivo inicial para abrir la investigación, un presunto retraso en mandar un SMS de alerta a la población, no justifica la obtención de las grabaciones solicitadas.

El abogado también destaca su experiencia en casos similares, sugiriendo que, si se obtienen las grabaciones, es probable que se filtren, lo que podría generar un estado de alarma social entre la población, sobre todo considerando la angustia que experimentaron las personas que llamaron durante la crisis. Esto no solo podría perjudicar a las víctimas del temporal, sino que no ayudaría a esclarecer los hechos en cuestión.

El letrado hace hincapié en que, según la información que posee su cliente, no hubo comunicación alguna desde el 112 hacia el Cecopi. Por tal motivo, solicita que se investigue si alguna de las alertas fue en realidad comunicada. Asegura que la ausencia de dicha comunicación significa que la obtención de los audios, aunque valiosa para estudios posteriores, no clarificará los hechos bajo investigación.