La reciente decisión del Consejo de Ministros ha generado un amplio debate sobre la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas, un movimiento que podría ahorrar hasta 6.700 millones de euros en intereses, según afirma María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

El Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley para que el Estado asuma una cifra notable de 83.252 millones de euros, lo que representa cerca del 25% de la deuda total que enfrentan las comunidades autónomas de régimen común. Montero ha afirmado que esta medida no favorece a ninguna comunidad en particular, enfatizando que no habrá un desequilibrio territorial ni un trato preferencial hacia Cataluña.

La ministra ha insistido en que la condonación beneficiará a todas las regiones, incluso a aquellas que no cuentan con deuda en el Fondo de Liquidez Autonómica, como es el caso de Madrid. Ha calculado que este ahorro en intereses permitirá a las comunidades destinar esos recursos a áreas cruciales como la sanidad, la educación y los servicios de dependencia.

Montero ha revelado que aproximadamente el 75% de la deuda que el Estado está dispuesto a asumir pertenece a comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP), lo que eleva el total a alrededor de 60.000 millones de euros. Además, se indica que la media de condonación será del 19% respecto a la deuda autonómica total, lo que plantea una situación asimétrica según el contexto de cada comunidad.

La vicepresidenta ha destacado que el proceso es opcional para las comunidades, reafirmando que no existe un trato preferencial hacia ninguna región en particular. La mayoría de la condonación, de hecho, favorecerá a territorios bajo el control del PP. "Siete de cada diez euros que se condonan beneficiarán a estas comunidades," explicó Montero.

Para ilustrar su argumento, mencionó que Andalucía recibirá la mayor parte de la condonación, con un total de 18.791 millones, mientras que la Comunitat Valenciana tiene la mayor cifra por habitante. Por su parte, Canarias se destaca por tener un 50% de su deuda condonada, demostrando que la condonación abarca diversas regiones administradas por el PP.

Montero cuestionó la percepción de que existe un agravio hacia otras comunidades, instando a reconsiderar los argumentos en contra de esta decisión. Al abordar la situación específica de la Comunitat Valenciana, subrayó que no hay razón para que siga enfrentando dificultades financieras, especialmente si su presidente parece actuar a las órdenes del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A pesar de la oposición del PP a la condonación de deuda, Montero proyecta que eventualmente estas comunidades se acogerán a la medida. "Independientemente del discurso público, acabarán firmando, porque reconocerán que es beneficioso para todos," afirmó.

Con el objetivo de que las comunidades retomen autonomía financiera, el Gobierno considera esencial que puedan volver a los mercados. Montero ha señalado que el actual sistema de financiación, que se ha alargado por 15 años, ya no es sostenible y ha sido un obstáculo para que las regiones se endeuden adecuadamente.

EL CALENDARIO

El anteproyecto será sometido a un periodo de consulta pública, en el cual se espera recopilar las opiniones de las comunidades autónomas. El Ejecutivo tiene previsto presentar la norma en el Congreso antes de que finalice el año, buscando su aprobación definitiva en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, Montero reconoció que el proceso dependerá del tiempo asignado para las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios.

Una vez que la ley sea aprobada, se establecerá un amplio periodo para que las comunidades que deseen acceder a la condonación puedan hacerlo. Montero enfatizó la importancia de esta planificación para que el Estado pueda gestionar adecuadamente la nueva deuda que asumirá y establecer un marco claro para su devolución.