El Gobierno ha anunciado la implementación de un nuevo 'escudo laboral' con la intención de "salvar todos los empleos" afectados por la reciente crisis provocada por la DANA, un fenómeno meteorológico que ha causado estragos en varias comunidades. Las medidas contempladas incluyen la extensión de los ERTEs, nuevas iniciativas de conciliación laboral y una clara prohibición de despidos en las áreas más impactadas.

Este martes, el Consejo de Ministros procederá a aprobar la declaración de zonas gravemente afectadas por el desastre en localidades de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón, las cuales han sido severamente golpeadas por las inclemencias del tiempo. Además, se espera la promulgación de un decreto ley urgente que incluya una serie de ayudas económicas, laborales y fiscales para los damnificados.

Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, comunicó estas decisiones en una rueda de prensa, siguiendo una serie de reuniones en el Congreso con diversos grupos parlamentarios para informar sobre la situación generada por la DANA. La primera acción a tomar es dar luz verde a la declaración de zona catastrófica, un paso necesario para facilitar la llegada de ayudas estatales para la reconstrucción de las áreas afectadas, con el compromiso de ofrecer una "respuesta inmediata a la tragedia".

Bolaños explicó que se está trabajando en un decreto ley de urgencia que incluirá medidas específicas para enfrentar esta "tragedia", aunque aún se encuentran en proceso de definición. A pesar de que Vox ha rechazado participar en estas iniciativas, el ministro aseguró que otros partidos, incluidos los populares, han mostrado una actitud positiva hacia la aprobación del decreto.

Fuentes del Gobierno han indicado que se formará una comisión interministerial destinada a coordinar los esfuerzos de todos los ministerios en colaboración con el Gobierno valenciano. Desde el Ministerio de Hacienda, se permitirá a la Generalitat valenciana realizar gastos de urgencia sin limitación de recursos, y se les eximirá de cumplir con objetivos de déficit debido a los efectos devastadores de la DANA.

Asimismo, el Ejecutivo está en contacto con la Comisión Europea para iniciar el proceso de solicitud de asistencia del Fondo Europeo de Solidaridad, así como para acceder a otros recursos comunitarios. El paquete de medidas económicas que se está preparando también podría incluir ajustes fiscales, aunque desde Hacienda han señalado que esto se definirá más adelante, centrándose en el momento actual en las necesidades más urgentes de los afectados.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo presentará también este martes propuestas concretas para proteger a los trabajadores perjudicados por la DANA. Estas medidas incluirán la prohibición de despidos y la posibilidad de permisos retribuidos en situaciones específicas, además de fomentar el teletrabajo como opción preferente.

La ministra Yolanda Díaz destacó que todas las disposiciones del 'escudo laboral' que se aprobarán mañana tendrán efecto desde el mismo día de la catástrofe, el martes 29 de octubre. Rodríguez también subrayó que las iniciativas no se limitarán a los municipios directamente afectados, ya que "las actividades productivas no están restringidas por el código postal".

Desde el Ministerio de Trabajo se han desaconsejado los desplazamientos y se priorizará el teletrabajo. En caso de que no sea posible, los trabajadores podrán ausentarse de sus puestos sin repercusiones negativas, considerándose justificada su ausencia en ciertas circunstancias, como situaciones peligrosas o cuando necesiten asistir a familiares desaparecidos o afectados.

En tales casos, los trabajadores podrán acogerse a permisos retribuidos, y cualquier intento de las empresas de sancionar a quienes no vayan a trabajar será considerado nulo. Yolanda Díaz recalcó que los ERTEs disponibles bajo la reforma laboral no requerirán requisitos de cotización previa, lo que les ofrece un respaldo seguro sin afectar el derecho al desempleo.

Además, la ministra ha anunciado la reactivación del 'Plan Me Cuida', que se implementó durante la crisis del Covid-19, permitiendo a los trabajadores reducir su jornada laboral hasta un 100% para atender necesidades de conciliación familiar. Este plan se diseñará para que el trabajador tenga la autoridad en la definición de su jornada laboral.

Respecto a los empresarios, Díaz expuso que contarán con un mecanismo similar de protección en relación con las cotizaciones sociales que se puso en marcha durante la pandemia, complementado por medidas adicionales sobre plazos y liquidaciones de impuestos.

En el ámbito de la Seguridad Social, los autónomos afectados por la DANA podrán solicitar una prestación por cese de actividad por fuerza mayor ante su mutua sin necesidad de cumplir con la cotización mínima requerida. Esta estipulación, que no requiere el periodo de carencia normal de 12 meses, ofrecerá apoyo inmediato en situaciones críticas.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está comprometido con informar sobre las medidas de protección disponibles y las mejoras necesarias para afrontar la crisis derivada de la DANA. Los autónomos podrán beneficiarse de la prestación sin que los días de uso afecten su futuro acceso a ayudas, contabilizándose como días cotizados, y con un beneficio equivalente al 70% de la base reguladora.

Las mutuas se encargarán de facilitar información sobre cómo proceder a solicitar el cese de actividad, asegurando que todos los autónomos de las zonas afectadas estén al tanto de sus derechos y opciones. Desde la reforma laboral, se ha reforzado la protección a trabajadores y empresas frente a crisis como la actual, permitiendo la suspensión temporal de relaciones laborales con la ventaja de una exención del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los ciudadanos también están recibiendo información sobre el Ingreso Mínimo Vital, con una línea telefónica para facilitar el acceso a dicha información. Ya se prevé que los primeros pagos de compensaciones por los daños sufridos comiencen a realizarse a finales de esta semana, con un considerable volumen de solicitudes de indemnización ya tramitadas en un breve periodo.

Al día de hoy, el Consorcio de Compensación de Seguros del Ministerio de Economía ya ha procesado una significativa cantidad de solicitudes de indemnización, lo que representa un porcentaje notable de las peticiones totales registradas. Este esfuerzo es un paso clave hacia la recuperación de las comunidades afectadas y un testimonio del compromiso del Gobierno con el bienestar de sus ciudadanos en tiempos de crisis.