MADRID, 5 de noviembre.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha revelado un ambicioso plan estatal destinado a apoyar a las regiones que han sufrido los estragos de la DANA, con un presupuesto inicial de 10.600 millones de euros. Este programa, cabe destacar, está diseñado para adaptarse y crecer en función de las necesidades emergentes que se vayan detectando a medida que la situación evoluciona.

El paquete de medidas incluye ayudas directas, así como ajustes fiscales y laborales, y presenta una nueva línea de avales conocida como ICO-DANA. Este instrumento financiero, con un propósito de 5.000 millones de euros, permitirá a pequeñas y medianas empresas, autónomos y, por primera vez, a familias, acceder a créditos respaldados por el Gobierno, para afrontar los gastos generados por la reciente catástrofe.

Durante una rueda de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, Sánchez explicó que estos préstamos facilitarán a las empresas reabrir sus puertas, mientras que las familias podrán comenzar la reparación de sus hogares a la brevedad posible.

El líder del Ejecutivo anunció que ya se han establecido conversaciones con las entidades financieras, con el objeto de activar de inmediato esta nueva línea de avales, la cual se espera esté disponible para los solicitantes ya en la próxima semana.

En esta reunión, el Consejo de Ministros aprobó un primer desembolso de 1.000 millones de euros, que se prevé que se expanda hasta alcanzar el total de 5.000 millones de euros según se vayan concretando las necesidades de los afectados.

Adicionalmente, desde mañana el Consorcio de Compensación de Seguros comenzará a realizar los primeros pagos de indemnizaciones a aquellas familias y empresarios que hayan perdido su vehículo, las cuales se incrementarán en un 20% respecto al valor de tasación del automóvil perdido.

Entre las medidas fiscales contempladas, se ha decidido postergar el segundo pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los contribuyentes de la Comunidad Valenciana cuyas declaraciones resultaron a pagar, además de ofrecer moratorias y exenciones en tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas y la tasa por la tramitación de las bajas de vehículos.