VALÈNCIA, 29 de julio. En un contexto marcado por la polémica, José María Ángel, alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, ha manifestado su total rechazo a las aseveraciones de irregularidad en su trayectoria profesional. Asegura que su ingreso en la función pública en 1983, así como su ascenso a la plaza de ayudante técnico en 1986, se han hecho siempre en conformidad con las normativas existentes.

Las declaraciones de Ángel surgen tras la publicación de un informe que sugiere que la Agencia Valenciana de Antifraude ha encontrado indicios de posible falsificación de su título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía. Ante estas acusaciones, el alto comisionado ha presentado documentación pertinente que respalda su proceso de selección, como las instancias de participación y las actas de sus nombramientos.

José María Ángel ha dejado claro que defenderá su honor y reputación con todas las herramientas a su disposición. "Estoy preparado para tomar las acciones legales y administrativas necesarias para que se esclarezca la verdad", ha declarado, haciendo hincapié en su trayectoria intachable de más de cuatro décadas en el servicio público.

Su carrera en la Diputación de Valencia se remonta a 1981, año en el que ingresó como auxiliar administrativo en el Archivo General. En 1983, ascendió a Auxiliar Técnico de Archivos y Biblioteconomía, tras cumplir con los requisitos académicos exigidos en una convocatoria pública. Ángel ha precisado que en esa ocasión presentó un Título de Bachiller Superior, complementado con varios méritos adicionales que demostraban su formación continua y experiencia previa en el ámbito público.

En cuanto a su promoción al grupo A2, el alto comisionado ha sostenido que cumplió con las pruebas requeridas, las cuales estaban en línea con las bases de la convocatoria que especificaban los criterios para la propiedad de la plaza y la superación de los exámenes establecidos.

Ángel también ha expresado su asombro por enterarse de la existencia de una supuesta investigación en su contra a través de los medios de comunicación, sin haber recibido notificaciones formales. Considera que esto no solo vulnera su derecho a la defensa, sino que también pone en riesgo su reputación de manera injusta y especulativa, motivada por intereses políticos circunstanciales.

Finalmente, ha subrayado la necesidad de rechazar la instrumentalización de instituciones como la Agencia Antifraude para perjudicar la imagen de personas con un largo historial de servicio público. "Es inaceptable que se utilicen estas entidades para manchar el nombre de quienes hemos dedicado nuestra vida a la Administración Pública", concluyó.