En medio de la crisis generada por la daña, la jueza de Catarroja ha hecho un llamado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que proporcione detalles sobre su participación en el manejo de la situación de emergencia. Este requerimiento, solicitado por varias acusaciones particulares, exige información sobre el despliegue de agentes del organismo en puntos de control, así como su ubicación, pero evita solicitar la identificación de los trabajadores involucrados.

La magistrada ha argumentado que, en lugar de conocer la identidad de los funcionarios, es más pertinente identificar los lugares donde estas labores estaban siendo realizadas. De la misma manera, no ha considerado necesario requerir información sobre supuestos fallos en el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), ya que, según sus palabras, esto no contribuiría a esclarecer lo sucedido el 29 de octubre de 2024.

En su resolución, la juez enfatiza la responsabilidad de la administración autonómica en la dirección de la emergencia y el control de los barrancos, lo que está claramente estipulado en la normativa vigente relacionada con el Plan Especial de Inundaciones de la Comunidad Valenciana. Su declaración resalta que esta responsabilidad era de conocimiento común, y varios testigos han señalado que se había sugerido el despliegue de agentes medioambientales para gestionar la situación antes de la temporalidad crítica que se avecinaba.

La instructora ha tomado nota de los testimonios que indican que, a pesar de la evidente amenaza del clima, la Conselleria de Interior no movilizó recursos humanos para la vigilancia de los barrancos antes del evento crítico, algo que varios testigos del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) han confirmado. Este hecho, según la jueza, plantea serias preguntas sobre la gestión de la emergencia por parte de las autoridades.

La movilización de bomberos forestales, que se realizó tras la activación de las alertas hidrológicas, también ha sido objeto de análisis. La jueza ha señalado que, a pesar de la clara advertencia meteorológica, no se hizo un esfuerzo significativo para asegurar la vigilancia de los barrancos al principio del episodio de la dana.

La magistrada sostiene que la vigilancia de los barrancos es fundamental no solo en situaciones de emergencia, sino también en períodos de preemergencia, indicativo de una falta de preparación y respuesta adecuada por parte de las autoridades competentes. Observa que la movilización de recursos debería haberse hecho mucho antes, dado que las predicciones sobre lluvias acumuladas ya estaban disponibles desde el día anterior.

Según las declaraciones, la falta de intervención de la Conselleria de Medio Ambiente es alarmante, dado que el control del barranco del Poyo recaía específicamente en su jurisdicción. La jueza también apunta que la actuación de las brigadas forestales es indiscutiblemente responsabilidad de la administración autonómica, lo que refuerza la idea de una gestión inadecuada de la emergencia.

En función de la gravedad de la situación, la jueza ha decidido que es crucial investigar si hubo personal de la CHJ en el área y si tomaron acciones pertinentes ante la crisis. Además, ha convocado a testigos y trabajadores de Emergencias para que aporten grabaciones de sus comunicaciones del 29 de octubre, y ha citado a un ingeniero para que testifique sobre un informe pertinente a la presa de Buseo.

Con respecto a la pérdida de vidas, ha ordenado una evaluación forense para establecer la relación entre el fallecimiento de una mujer en el Hospital de la Ribera y las circunstancias de la dana, así como dar la oportunidad a las familias de las 50 víctimas no escuchadas en el proceso judicial de presentar su declaración.

Finalmente, la jueza ha dejado claro que cualquier informe recibido sobre la crisis, incluyendo documentos de la Fiscalía y la Guardia Civil, será considerado en el transcurso de la investigación, lo que pone de relieve la exigencia de claridad y rendición de cuentas en la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana.