La CEV revela que la actividad empresarial en la zona afectada ha retornado al 90%, aunque a un ritmo desigual.
VALÈNCIA, 27 de octubre.
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha realizado un análisis de la situación económica un año después de la devastadora dana que tuvo lugar en octubre de 2024, concluyendo que las empresas de la región han alcanzado una recuperación del 90%. Sin embargo, esta revitalización no se da de manera uniforme, ya que se observan diferencias significativas según el sector económico involucrado.
Como parte de este estudio, la CEV llevó a cabo una encuesta entre diversas organizaciones afectadas, permitiendo así un diagnóstico más completo sobre la recuperación de la actividad empresarial tras el desastre natural.
Desde una perspectiva macroeconómica, los datos de organismos oficiales como la AIReF, el INE y el IVIE muestran que la dana ocasionó un descenso del 2,8% en el PIB de la región durante el cuarto trimestre de 2024. De no haber ocurrido este incidente, la economía habría crecido aproximadamente un 1%, lo que indica que el impacto real fue de una pérdida tremenda de 3,8 puntos de PIB trimestral y más de 15 puntos en términos anualizados. Este retroceso se compara con los peores momentos de crisis que ha vivido el país, como la crisis de 2008 o las consecuencias económicas de la pandemia.
A pesar de lo negativo del panorama tras el desastre, en el último año la economía ha logrado no solo recuperarse, sino incluso superar los niveles previos a la catástrofe, gracias al efecto rebote observado durante los primeros meses de 2025 y a las inversiones enfocadas en la reconstrucción, así como al dinamismo generalizado de la economía tanto a nivel regional como nacional.
No obstante, a nivel microeconómico, la recuperación se presenta de una forma más moderada. Aunque la actividad empresarial alcanza cerca del 90% de sus niveles anteriores, existen diferencias marcadas en función del sector, el tamaño de las empresas y su ubicación geográfica.
Particularmente, el sector primario ha resultando ser el más golpeado, con un índice de recuperación que se sitúa en un 60%. De las explotaciones agrarias, entre un 10 y un 15% no podrán reabrir. En el sector servicios, el comercio minorista aún sufre cierres significativos; por ejemplo, en localidades como Massanassa, más de la mitad de los negocios continúan sin actividad, y se estima que al menos el 20% de ellos no volverán a abrir sus puertas.
En el área de la hostelería, la recuperación está en torno al 80%, aunque se espera que entre un 15 y un 20% de los negocios no retomen su actividad. Por su parte, el sector de transporte y logística ha alcanzado casi el 90% de recuperación. En el ámbito industrial, los avances son más evidentes: el sector químico logra una recuperación del 99%, mientras que la industria de la madera y el mueble y el sector agroalimentario están en un 90%. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas sufren cierres del 10 al 20%, y en el sector metalúrgico la actividad se sitúa en un 80%, con un 95% de recuperación en el empleo.
La CEV también ha puesto de relieve la rapidez con la que las empresas y las organizaciones sectoriales movilizaron recursos y ayudas privadas en los primeros momentos tras la catástrofe, mucho antes de que llegaran las ayudas del gobierno.
Las organizaciones empresariales valoran la importancia de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros como un pilar para la reactivación, aunque enfatizan que estas no son ayudas públicas. Asimismo, señalan que la tramitación ha sido compleja y lenta, y aún persisten muchos pagos pendientes.
Si bien se reconoce el compromiso del Estado para ayudar, se argumenta que los procesos han sido excesivamente complicados y que la burocracia ha sido un obstáculo significativo para las pequeñas empresas y autónomos, quienes han visto que las ayudas no resultan suficientes para cubrir los daños sufridos.
En ciertos sectores, como el del transporte por carretera, la falta de apoyo ha sido evidente. De los 16.600 millones de euros aprobados por el gobierno a través de varios Reales Decretos, solo un 6,2% ha sido destinado a ayudas directas para el sector productivo, y para el 20 de octubre de 2025, el monto efectivo desembolsado ha llegado a 475,5 millones de euros, representando apenas el 2,9% del total disponible.
A nivel autonómico, la Generalitat Valenciana ha decidido destinar el 24,4% de los recursos solicitados por los afectados a empresas privadas, dejando un 74,2% para familias. Pese a que se reconoce la agilidad en el acceso a estas ayudas, se consideran insuficientes y, además, muchos han tenido que tributar por ellas.
Las líneas ICO-DANA, que se diseñaron con un presupuesto de 5.000 millones de euros, han tenido escasa utilización: hasta ahora solo se han formalizado 3.321 operaciones por un monto de 733,6 millones, representando el 14,67% de lo inicialmente dotado. La CEV ha enfatizado que las empresas requerían ayudas directas y no más endeudamiento, aludiendo a la lentitud y complejidad de los procesos de solicitud.
En cuanto a las infraestructuras, la CEV ha indicado que, a pesar de que la reconstrucción avanza, quedan aún obras por finalizar y otras por comenzar, especialmente en áreas como la infraestructura hidráulica, el saneamiento y el acceso urbano. Han instado a acelerar los trabajos pendientes y a implementar infraestructuras resilientes ante el cambio climático, que aseguren tanto la seguridad como la competitividad de la zona.
El análisis también presenta una hoja de ruta que se estructura en cinco ejes estratégicos: transformación del modelo económico, nueva gobernanza territorial en el área metropolitana de Valencia, infraestructuras resilientes frente al cambio climático, movilidad eficiente y segura en la metrópoli y preparación de la población ante emergencias.
Estos ejes están incluidos en el documento titulado "Rehacer, transformar. Propuestas para el futuro tras la DANA", creado por la CEV en colaboración con expertos de los ámbitos académico, técnico y empresarial, el cual establece una estrategia a medio y largo plazo para lograr una recuperación sólida, sostenible e inteligente de la región afectada.
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