VALÈNCIA, 1 de abril.

El Consell ha decidido dar un paso firme y ha comenzado los preparativos para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 2/2025 aprobado recientemente por el gobierno central el 18 de marzo. Esta medida establece un marco para la redistribución de menores extranjeros no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas, y desde el Consell se sostiene que esto representa una inaceptable invasión de las competencias que la Comunitat Valenciana tiene en la protección de menores, las cuales son exclusivas.

En una sesión del pleno del Consell celebrada este martes, se ha otorgado el mandato a la Abogacía General de la Generalitat para que inicie los procedimientos legales correspondientes. La información fue compartida por Susana Camarero, portavoz del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

Camarero expresó su indignación al señalar que “el Gobierno actúa de manera unilateral, estableciendo criterios que no han sido discutidos ni pactados con las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial. Esto equivale a una imposición que vulnera los principios de autonomía financiera, cooperación y lealtad constitucional entre las entidades territoriales.”

Además, la consellera subrayó que la situación del sistema de protección en la Comunidad Valenciana está bajo una enorme presión debido a la llegada continua de menores; el año pasado se atendieron más de 900 casos.

“En la actualidad, nuestros recursos están operando a un 160% de su capacidad. Esta sobrecarga impide que nuestro sistema de protección pueda hacerse cargo de los menores que el Gobierno central pretende trasladar de manera irresponsable”, apuntó Camarero al respecto.