La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está bajo investigación por su actuación durante la calamidad del 29 de octubre que resultó en 228 muertes en Valencia, ha intensificado su defensa legal. Su equipo de abogados ha presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una denuncia adicional relacionada con la dirección de la jueza a cargo de su caso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.

Representada por el bufete Kepler-Karst Law Firm, la defensa de Pradas ha expresado su desacuerdo con la negativa a proporcionar una transcripción completa de la declaración que su cliente ofreció el pasado 11 de abril, la cual se extendió por casi tres horas y consistió en alrededor de 140 preguntas. Según su equipo, la versión oficial presentada es un resumen de diez páginas, que omite tanto las preguntas realizadas como ciertos detalles jurídicos y matices que consideran cruciales para su defensa.

Además, la defensa ha solicitado que se agrupen las cerca de 40 acusaciones presentes en el proceso para facilitar el avance de la causa. Sin embargo, alegan que la jueza ha habilitado un plazo “inexistente” para que estas acusaciones presenten argumentos sobre la posible responsabilidad penal de Pradas y Emilio Argueso, el ex secretario autonómico que también está siendo investigado.

De acuerdo con la defensa, esta acción podría implicar un “juicio anticipado de culpabilidad”, lo que no sería adecuado en esta fase de instrucción. También han recordado que ya se había otorgado anteriormente un período de 15 días para que las partes se pronunciaran respecto a la agrupación solicitada.

La reciente ampliación de queja se añade a otra ya presentada el 14 de mayo de 2025, donde se planteaban preocupaciones sobre las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa de la exconsellera. Este primer documento advertía que la instrucción se estaba desarrollando de manera que perjudicaba significativamente los derechos fundamentales de las partes involucradas, al tiempo que ponía en riesgo la equidad del proceso judicial.

En el primer comunicado, se mencionaban problemas como la existencia de resoluciones judiciales que afirmaban categóricamente sin suficiente base probatoria, la predeterminación del enfoque de la instrucción y la repetida negativa a aceptar diligencias solicitadas. Asimismo, planteaban preocupaciones sobre la limitación del derecho a la defensa durante las declaraciones y el posible involucramiento de personas ajenas al proceso legal en curso.