VALÈNCIA, 21 de marzo.

La Generalitat Valenciana ha comenzado a considerar la reubicación de ciudadanos que enfrentan dificultades tras los daños ocasionados por la devastadora DANA del 29 de octubre. Esta opción se contempla especialmente en comunidades donde los ascensores afectados aún no han sido reparados.

La información fue proporcionada por el vicepresidente durante la presentación del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, en un evento que fue encabezado por el presidente regional, Carlos Mazón.

El vicepresidente, Gan Pampols, reveló que de cada diez ascensores dañados, dos pertenecían a edificios públicos, mientras que ocho eran parte de residencias privadas. Esto pone de relieve los problemas de movilidad que enfrentan los vecinos de estas comunidades, tal y como explicó.

Pampols informó que solo un 40% de los ascensores afectados han podido ser reparados hasta la fecha, y actualmente, se trabaja en un promedio de 65 reparaciones diarias. El restante 60% se debe a la falta de mano de obra especializada y de materiales necesarios para llevar a cabo las reparaciones adecuadas. «No se trata de un producto que se pueda adquirir de forma inmediata, cada ascensor requiere medidas y adaptaciones específicas», señaló.

El costo del arreglo de un ascensor podría ir de 60.000 a 80.000 euros, y los precios son susceptibles de aumentar debido a la alta demanda y la baja disponibilidad. Sin embargo, lo más preocupante, según Pampols, es la situación de aquellas personas que se ven obligadas a vivir en un cuarto piso sin la posibilidad de usar el ascensor. «Es fundamental comenzar a considerar opciones de realojo», manifestó.

El vicepresidente añadió que en algunos casos extremos se han utilizado grúas para ayudar a las personas afectadas, aunque esto no siempre es viable. «Deseamos encontrar una solución, pero actualmente no la hay. En situaciones críticas, la idea es trasladar a estas personas a lugares que les ofrezcan un mínimo de movilidad y, por ende, mejor calidad de vida», comentó.

En otro orden de cosas, se refirió a los aparcamientos y garajes subterráneos que quedaron inundados por la DANA, enfatizando que algunos alcanzaron profundidades de hasta ocho metros. Subrayó que la responsabilidad de la recuperación de estos espacios recae en los propietarios, aunque, en caso de un desastre de tal magnitud, la Administración debe asumir el papel de responsable civil subsidiario.

La lentitud en la operación de desalojo de agua se debe a diversas razones. A pesar de la colaboración de medios de otras comunidades y países, Pampols aclaró que no fue una falta de acción, sino más bien una cuestión de capacidad: «Las bombas succionadoras tienen limitaciones, y la densidad del material que debían extraer complicó aún más el proceso», expuso.

Asimismo, agregó que ciertos tipos de lodo dificultaron la extracción. Se requería una primera intervención manual, seguida de una dilución para poder realizar la extracción efectiva. Este laborioso proceso ha conllevado riesgos, incluso la pérdida de vida en algún caso. «El desafío actual para la comunidad, en el que está trabajando el Instituto Valenciano de la Edificación, es determinar si la estabilidad a medio y largo plazo de los edificios afectados está garantizada», concluyó.