ALICANTE, 10 de marzo.

En un giro inesperado de la situación, la Generalitat ha decidido presentar un recurso contencioso-administrativo contra la reciente resolución del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, relacionada con el deslinde de los bienes de dominio público alrededor de la playa de les Deveses en Dénia, Alicante.

Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha confirmado esta acción, señalando que el esfuerzo coordinado de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos, bajo la dirección de Marc García Manzana, se alinea con su compromiso de defender los intereses de los residentes afectados a través de recursos judiciales y administrativos.

Según la Generalitat, el deslinde de la zona de Les Deveses fue ratificado por el Gobierno antes de la temporada navideña, creando una situación crítica para muchos. “Esta decisión significará que cientos de ciudadanos verán sus propiedades catalogadas como dominio público, lo cual resultará en la pérdida total o parcial de sus viviendas,” expresó Martínez Mus, manifestando su rechazo a la medida.

El conseller se reunió en enero con los perjudicados para analizar las estrategias de defensa que se están preparando desde el Consell, incidiendo en que el nuevo recurso administrativo deberá ser una herramienta significativa contra lo que él califica como una usurpación de propiedades privadas.

Además, Martínez Mus resaltó la importancia de la próxima Ley de Protección y Ordenación de la Costa de la Comunitat Valenciana, actualmente en proceso legislativo en Les Corts, que busca salvaguardar los derechos de los vecinos y sus propiedades tras el deslinde de Dénia.

Esta normativa, según el conseller, propone equilibrar la conservación del litoral con las actividades económicas en la costa, aspirando a proteger las comunidades costeras tradicionales y las viviendas frente a situaciones de deslinde como la actual. “Es la primera ley de nivel autonómico que aborda estas problemáticas,” añadió.

Martínez Mus también aclaró que la ley pretende resolver cuestiones que la legislación estatal actual no aborda adecuadamente, prestando atención a los núcleos costeros históricos, las áreas de marjal y la necesaria armonización de los usos humanos con la preservación de los recursos naturales costeros.

Por último, hizo hincapié en la intención de la Generalitat de utilizar herramientas protectoras contra la regresión costera y de permitir la participación activa de los ayuntamientos en la gestión del litoral, reafirmando así el compromiso de establecer un marco legal autonómico alineado con las competencias estipuladas en el Estatuto de Autonomía.