VALÈNCIA, 11 de junio. Este miércoles, un grupo de jueces y fiscales se unió a una manifestación en València como parte de una movilización a nivel nacional en contra de las nuevas iniciativas legales impulsadas por el Gobierno. La fiscal Ana Lanuza, representante de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, expresó su desacuerdo, afirmando que estas reformas carecen de objetividad y no garantizan una justicia justa. Por otro lado, el magistrado Pablo Luján, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en la comunidad, advirtió sobre una amenaza a la separación de poderes.

La concentración tuvo lugar durante aproximadamente diez minutos frente a la Ciudad de la Justicia de València, donde los profesionales del derecho manifestaron su oposición a un proyecto de ley que busca modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como a un anteproyecto de reforma del estatuto del Ministerio Fiscal.

Lanuza destacó que su rechazo se debe a que el Gobierno está tramitando estas reformas "por vía de urgencia", sin tomar en cuenta las opiniones de quienes operan en el sistema judicial. Afirmó que no desean llegar a una huelga, ya que su objetivo no es causar daño a la ciudadanía, pero criticó que se ponga en tela de juicio la independencia del ministerio fiscal, añadiendo que nunca antes había enfrentado tales cuestionamientos en sus 43 años de carrera.

En línea con esto, Pablo Luján recalcó que la razón de la manifestación es la percepción de que la división de poderes corre peligro, exigiendo la retirada de las reformas en cuestión. Aseguró que estas propuestas afectan tanto a los derechos de los jueces como a los de los ciudadanos, argumentando que suponen un ataque a la cultura del esfuerzo y un riesgo al permitir la inclusión de más de 1,000 jueces sustitutos sin la formación adecuada. Luján concluyó que, en lugar de esto, es necesario aumentar la creación de plazas y garantizar que todos los aspirantes tengan las mismas oportunidades.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de desvincular a la Fiscalía del Gobierno para que opere de forma autónoma como el Consejo General del Poder Judicial, Luján indicó que se deben abordar estas reformas desde un consenso tranquilo, y no de manera apresurada. También subrayó que sus objeciones no deben ser menospreciadas como simples rumores.

Por su parte, Gonzalo Sánchez, presidente de la sección territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura, expresó la esperanza de que no sea necesaria una huelga, instando a que el proyecto se retire para que pueda ser discutido y consensuado con calma. Destacó que no se puede legislar en contra de uno de los pilares fundamentales del Estado, es decir, el Poder Judicial, y enfatizó que las reformas no deben interferir en la administración de justicia.

El manifiesto leído en la concentración sostiene que el proyecto de ley que busca modificar el acceso a las carreras se ha tramitado "sin justificación" mediante un proceso urgente. Según el documento, este proyecto no responde a una demanda social y ha sido severamente criticado por el Consejo General del Poder Judicial.

Adicionalmente, el texto advierte que esta reforma disminuirá la excelencia en la preparación de nuevos jueces y fiscales, eliminando contenidos esenciales y, al mismo tiempo, introduciendo pruebas más subjetivas que podrían ser vulnerables a filtraciones. También se menciona la intención de establecer un centro de preparación para opositores bajo control gubernamental, lo que plantea el riesgo de sesgo ideológico en la selección de futuros jueces y fiscales.

Respecto al anteproyecto del estatuto del Ministerio Fiscal, se señala que se pretende aumentar las competencias del Fiscal General del Estado, cuyo nombramiento continuará siendo designado por el Gobierno sin filtros previos. Esta situación, según los manifestantes, podría aumentar la posibilidad de injerencias políticas en las investigaciones de corrupción, y contradecir las exigencias legales europeas en cuanto a la autonomía de los fiscales.

Por último, se destacó que todas estas reformas ocurren en un contexto de continuos ataques al poder judicial y deslegitimación de la Fiscalía, lo que genera desconfianza en la ciudadanía hacia el sistema judicial. A través de esta manifestación, jueces y fiscales reiteran su demanda de retirar los dos proyectos legales. Si no se atiende esta solicitud, no descartaron la posibilidad de adoptar acciones más contundentes, como una huelga.