El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado su firme rechazo a las políticas migratorias del Gobierno de España, a las que califica de arbitrarias y desconectadas de la realidad que viven las comunidades autónomas. En un contundente mensaje, enfatizó que no se permitirá un reparto de menores que responda a las dictaduras del separatismo catalán, sin tener en cuenta la capacidad de los centros de acogida regionales.

Durante una comparecencia en València, Mazón denunció que el Gobierno central ha tomado decisiones sobre la migración sin el debido consenso con las comunidades autónomas. Alertó sobre la problemática que implica el fuerte hacinamiento en los centros destinados a la acogida de menores, a lo que el Ejecutivo central parece no prestar atención.

El anuncio del Real Decreto Ley que pretende reformar la Ley de Extranjería, fruto de un acuerdo con el partido Junts, fue calificado por Mazón como un intento de pisotear la autonomía regional. Según él, esta medida no solo carece de legitimidad, sino que trata a los menores no acompañados como meros instrumentos para contentar a los aliados políticos del Gobierno, en lugar de abordarlos como seres humanos que merecen protección y respeto.

Mazón afirmó que este enfoque por parte del Gobierno central no solo es un ataque a las comunidades autónomas, sino también una falta de humanidad hacia los menores involucrados. Denunció que con estas decisiones se está haciendo un daño irreparable a la política de inmigración y, de paso, a la cohesión de España como nación.

Además, el presidente valenciano criticó la inacción del Gobierno en cuanto a la activación de Frontex, la agencia europea encargada de controlar las fronteras, para frenar las redes de tráfico de personas que se benefician de la angustia de los migrantes. Esta falta de coordinación con la Unión Europea fue vista por Mazón como un grave error que agrava la situación.

Por lo tanto, Mazón pidió una política migratoria que se construya desde el diálogo y el consenso, en contraposición a las tácticas de chantaje y privilegios que, a su juicio, son características del Gobierno actual. Reiteró que las comunidades autónomas también enfrentan desafíos importantes relacionados con la inmigración irregular y que es necesario abordar el problema con seriedad y compromiso, evitando que las mafias sigan operando a expensas de la sociedad.