La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo ha solicitado al Ministerio de Educación que tome medidas para solucionar el concurso de traslados de 2022. Según la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, la pelota está en el tejado del ministerio y están a la espera del proceso de pilotaje solicitado para determinar las soluciones necesarias.

En una reunión con los sindicatos, Sancho informó sobre los pasos dados por parte de la Conselleria después de las sentencias que exigen la anulación del concurso nacional de traslados de 2022 y la incorporación de las plazas estructurales del proceso de estabilización.

Los sindicatos se han puesto a disposición de la Administración para colaborar en la resolución de esta situación, que consideran una herencia del equipo anterior de Educación. Se busca una solución rápida para no vulnerar los derechos de los participantes en el concurso anterior y en el actual.

El Sindicat de treballadors i treballadores de l'Ensenyament (STEPV) destaca la falta de una respuesta clara sobre la repetición del concurso de traslados del año pasado. Según el sindicato, en caso de repetición, solo se afectaría a la enseñanza secundaria y no habría afectación en el cuerpo de maestros.

Tampoco se sabe cómo afectaría esta situación al concurso actual. STEPV ha preguntado a la Conselleria sobre la posibilidad de realizar los dos concursos este año, pero la respuesta está pendiente. El Ministerio debe atender los concursos autonómicos de todas las comunidades y esta sería la primera vez que tendrían que repetir un concurso estatal.

En la mesa sectorial también se ha tratado el inicio del procedimiento selectivo de acceso al cuerpo de Inspectores de Educación. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido un aumento en la plantilla de inspectores y en las plazas ofertadas en las próximas oposiciones. Consideran que las plazas actuales son insuficientes, especialmente con la implantación de la LOMLOE este año.

CSIF insiste en la necesidad de eliminar tareas burocráticas para dedicarse más a labores propias del cuerpo de Inspección, lo cual beneficiaría a la calidad educativa en la Comunidad Valenciana.