VALÈNCIA, 17 de diciembre.

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de una mujer de 47 años en València, sospechosa de participar en la explotación sexual de otras dos mujeres en un establecimiento de masajes. Según las autoridades, la arrestada presuntamente usaba tácticas de coerción y amenazaba a sus víctimas, quienes se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, utilizando rituales relacionados con la brujería para forzarlas a llevar a cabo actos sexuales con los clientes del local.

Las investigaciones comenzaron en octubre, cuando la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) recibió informes sobre una posible víctima de un delito contra la libertad sexual. Al parecer, esta persona estaba siendo obligada a ofrecer masajes de índole sexual en un negocio de València bajo condiciones de amenaza y coacción, todo ello corroborado en un comunicado oficial de la Policía.

Luego de las primeras indagaciones, los agentes de la UCRIF, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, realizaron una inspección en el centro de masajes en cuestión, donde se creía que trabajaba la víctima.

Este establecimiento, ubicado en la planta baja de un edificio de viviendas, aparentaba ser un centro de bienestar con actividades legítimas. A raíz de la inspección, los funcionarios rescataron a dos mujeres, quienes supuestamente habían sido reclutadas por la dueña del local a través de anuncios ofrecidos en línea para masajistas. Las víctimas inicialmente aceptaron el empleo creyendo que únicamente realizarían masajes convencionales.

No obstante, una vez iniciadas en sus labores, y aprovechándose de su situación económica precaria, la arrestada las forzó inicialmente a trabajar "semidesnudas" y, posteriormente, supuestamente las llevó a participar en actividades sexuales con los clientes bajo amenazas. Para intimidarlas, empleó rituales esotéricos, aprovechándose de la fe de las mujeres en estas prácticas.

Además, la sospechosa mantenía un constante clima de intimidación, siendo consciente de la situación irregular de una de las víctimas en el país. Les comunicaba que podrían ser despedidas o enfrentarse a multas si no cumplían con sus demandas. La dueña también se beneficiaba de la mayoría de los pagos realizados por los clientes, reteniendo parte del dinero por diversos conceptos e imponiendo penalizaciones si los clientes utilizaban tarjetas de crédito para pagar.

Por estos motivos, las fuerzas de seguridad decidieron arrestar a la sospechosa, acusándola de un delito relacionado con la prostitución coercitiva y la explotación sexual. Sin antecedentes penales, la mujer fue puesta en libertad tras rendir su declaración, recibiendo la advertencia de que debería comparecer ante las autoridades judiciales cuando sea requerida en el futuro.