ALICANTE, 26 Abr. – En un reciente incidente ocurrido en la localidad de Beneixama, la Guardia Civil ha abierto un expediente sancionador contra un hombre español de 70 años por la supuesta instalación de lazos de caza prohibidos en su propiedad rústica, situada en un área designada para la caza.

La situación se desencadenó cuando un ciudadano notificó a las autoridades que su perro había quedado atrapado en uno de estos lazos metálicos mientras paseaban por los alrededores. Afortunadamente, el dueño pudo liberar rápidamente a su mascota sin que sufriera daños significativos, según los reportes del cuerpo policial.

Una unidad del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) se desplazó al lugar y confirmó la presencia de dos lazos sin mecanismo de freno instalados en la parte exterior de la valla metálica de la finca.

Los lazos, considerados un método de captura ilegal y no selectivo, representan un grave riesgo tanto para la fauna silvestre como para los animales domésticos, debido a su diseño que puede causarles la muerte por asfixia. Además, estos dispositivos plantean un peligro potencial para las personas que transitan por la zona, en especial en un espacio frecuentado por paseantes.

Los agentes lograron identificar al dueño del terreno, quien admitió haber colocado los lazos con la intención de proteger su propiedad de roedores y otras alimañas. En su presencia, se retiraron los lazos, que fueron incautados como evidencia, y se llevó a cabo un acta de inspección correspondiente.

A pesar de que el terreno se encuentra dentro de un coto de caza señalado, no está clasificado como una zona de especial protección. Sin embargo, dado que los lazos carecían de la autorización requerida por la legislación vigente, la acción fue considerada una infracción grave de la Ley 13/2004 de Caza de la Comunidad Valenciana.

Dicha infracción podría acarrear multas que oscilan entre los 6.001 y los 60.000 euros, junto a una suspensión de la licencia de caza por un periodo de tres a cinco años. Además, se contempla la posibilidad de confiscación de todos los medios utilizados, incluidos armas y vehículos, así como la prohibición temporal de obtener nuevas licencias de caza durante el tiempo de suspensión.

Cabe resaltar que si se demuestran daños a especies protegidas o en áreas especialmente resguardadas, y si se determina que las acciones constituyen un delito, el responsable podría enfrentar consecuencias penales adicionales.