VALÈNCIA, 22 de julio.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, debido a supuestos delitos de falsedad de documentos y estafa en la obtención de subvenciones destinadas a empresas del sector de la comunicación. A su socio, Juan Enrique Adell Bover, se le propone una pena de tres años de cárcel.

Esta petición aparece en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción número 4 de València, documento que ha sido adelantado recientemente por Las Provincias y revisado por Europa Press.

La Fiscalía sostiene que Francis Puig debería ser castigado con cuatro años de cárcel y una multa de diez meses, equivalente a 20 euros diarios, por el delito de falsedad documental continuada en conjunto con un delito de estafa agravada. Adicionalmente, sugiere que se le imponga una inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses en caso de no pagar la multa.

En el caso de Adell Bover, las autoridades solicitan una pena de tres años de prisión, así como también una multa de diez meses a razón de 20 euros diarios, a causa de un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles en concurso con otro de estafa agravada.

El pasado enero, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia dictó un auto que acordaba procesar tanto a Francis Puig como a Juan Enrique Adell Bover, quienes son administradores de Comunicacions dels Ports SA y Canal Maestrat SL, respectivamente. Esto se enmarca dentro de una investigación sobre subvenciones públicas dirigidas al fomento del valenciano en medios de comunicación, las cuales estas empresas y Mas Mut Produccions SL, también gestionada por Puig, recibieron entre 2015 y 2018.

El magistrado ha considerado, a partir de la instrucción realizada, que existen indicios suficientes para considerar que los hechos podrían ser constitutivos de estafa y falsedad documental. Sin embargo, ha desestimado la posibilidad de un delito de fraude en las subvenciones, ya que la cantidad supuestamente percibida de manera indebida por los acusados y sus empresas, que ronda los 67.500 euros, no alcanza los 120.000 euros que hubiese configurado dicho delito en el momento de los hechos.

En el auto de incoación de procedimiento abreviado, el juez destaca que las conductas de los investigados son significativas en múltiples aspectos, tanto cuantitativos, como se ha expuesto, como en los métodos utilizados: facturas falsas, sociedades de papel, domicilios ficticios y actividades que no tienen relación clara con las subvenciones obtenidas, lo que resultó en un enriquecimiento indebido en favor de las entidades gestionadas por Puig y Adell Bover.

La resolución judicial también proporciona detalles sobre las pruebas que sugieren que los implicados utilizaron facturas fraudulentas, sociedades ficticias y domicilios no reales para obtener las subvenciones, que fueron concedidas por instituciones autonómicas como parte de sus esfuerzos para promover el valenciano, al tiempo que se otorgaban subvenciones en Catalunya para el uso del catalán o aranés.