Crónica Valencia.

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Plantean creación de 290 plazas de jueces al crecer casos de litigiosidad, especialmente en violencia de género.

Plantean creación de 290 plazas de jueces al crecer casos de litigiosidad, especialmente en violencia de género.

En València, según Carmen Llombart, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el aumento de la litigiosidad en España, especialmente en casos de violencia de género, ha provocado un déficit significativo de jueces. Para solucionar este problema, se propone la creación de 290 plazas judiciales al año para poder brindar una respuesta eficaz y oportuna a los ciudadanos.

Este análisis prospectivo para los próximos 10 años realizado por el CGPJ, revela la necesidad imperiosa de aumentar la creación de plazas de jueces, en vez de enfocarse en la construcción de nuevos edificios o unidades judiciales. Según Llombart, es fundamental atender a la demanda ciudadana de resolver sus casos legales de manera más rápida y eficiente.

La realidad es que, con las jubilaciones voluntarias y forzosas de jueces, sumadas al incremento de la litigiosidad, el sistema judicial se ve abrumado. Los ciudadanos no pueden permitirse esperar años para que sus demandas sean resueltas, por lo que es esencial aumentar la cantidad de jueces disponibles.

En relación a las conclusiones de las XXII Jornadas de Presidentes de Audiencias Provinciales celebradas en València esta semana, se destaca la eficacia de las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género, aunque se identifican áreas de mejora para garantizar su funcionamiento óptimo.

El desafío actual radica en el incremento de denuncias, no necesariamente en un aumento de la violencia. Las víctimas confían más en la justicia y presentan más denuncias, lo que requiere una mayor cantidad de jueces y recursos para atender esta creciente litigiosidad, especialmente en casos de violencia de género.

Por otro lado, en relación a la Ley 12/2023 sobre el derecho a la vivienda, se propone la posibilidad de desalojar a los ocupantes ilegales de una vivienda como medida cautelar o en sentencia, priorizando la protección de personas dependientes y vulnerables. Además, se plantean medidas para abordar la problemática de la "inquiokupación" y se insta a definir con mayor precisión conceptos clave como 'vivienda habitual' y 'gran tenedor'.

En resumen, es evidente la necesidad apremiante de adaptar el sistema judicial a las demandas crecientes de la sociedad, especialmente en lo que respecta a la violencia de género y la protección de los derechos de propiedad. La propuesta de crear más plazas judiciales y mejorar la eficiencia en la resolución de casos es fundamental para garantizar la justicia y el bienestar de todos los ciudadanos.