La reciente decisión del pleno del Ayuntamiento de Alicante ha generado un intenso debate, evidenciando las diferencias entre las posturas sobre el uso del valenciano en la región. Este jueves, con el apoyo de los grupos PP y Vox, se aprobó una declaración institucional que solicita a Les Corts modificar el estatus lingüístico de Alicante, cambiando su clasificación de predominio valenciano a predominio castellano.
Antes de la votación, la sesión contó con la presencia de representantes de varias asociaciones defensoras del valenciano, quienes expresaron su férreo rechazo a la propuesta. Soledad Pinilla, de la Associació Cívica per la Normalització del Valencià, afirmó que la ciudad tiene un apego histórico por el valenciano y cuestionó la legitimidad de la eliminación de este idioma en el ámbito educativo. Según ella, lo que se presenta como libertad de elección es en realidad una estrategia para despojar de poder a la lengua local.
Durante su intervención, Pinilla subrayó que esta acción constituye una ofensiva no solo contra el idioma, sino contra el espíritu de convivencia que ha caracterizado a Alicante durante décadas. Su intención es que el valenciano no solo se preserve, sino que se convierta en un elemento cotidiano y positivo dentro de la cultura local.
En un tono similar, Manuela García, de Acció Cultural del País Valencià, resaltó que la enseñanza en valenciano ha empoderado a la ciudadanía y promovido la comprensión de ambas lenguas oficiales. Criticó la posible exclusión de quienes hablan valenciano y destacó que la cultura de la ciudad no puede ser ignorada ni silenciada sin generar un daño innecesario.
Por su parte, Ana Esteve, de la asociación de padres Enric Valor, ofreció una perspectiva sobre la evolución de la lengua en Alicante, insistiendo que la reducción del uso del valenciano no es algo natural, sino el resultado de políticas de represión. Defendió que la educación en valenciano es una oportunidad para los estudiantes de afrontar su realidad cultural, y no debería ser vista como un foco de discordia.
En el debate político posterior, Mari Carmen de España, portavoz del PP, reafirmó el compromiso del partido con el valenciano, pero defendió también el derecho de los ciudadanos alicantinos a recibir educación en castellano. De España sostuvo que la enmienda no busca discriminar la lengua local, sino más bien un equilibrio en la consideración de ambas lenguas en la educación.
La concejala del PP también criticó a los partidos de izquierda por convertir el debates lingüísticos en un instrumento político. A su juicio, el verdadero conflicto se suscitó con la llegada del Botànic, cuyos intentos de promoción del valenciano no fueron dóciles a las necesidades y deseos de la población local.
Carmen Robledillo, portavoz de Vox, se unió al coro de críticas a la declaración y enfatizó que su objetivo es el de corregir un desequilibrio histórico. Para ella, reconocer el castellano como la lengua predominante en Alicante es esencial para reflejar la realidad diaria de sus habitantes, y añadir valenciano en los espacios educativos forzadamente podría llevar a la discordia.
Desde la oposición, Miguel Castelló del PSPV condenó la propuesta y la calificó de retroceso. Reiteró la larga historia de Alicante como bastión del valenciano y acusó a Vox y al PP de introducir temáticas conflictivas en un tema que debería ser tratado con respeto y consideración.
Por último, Sara Llobell de Compromís lamentó que esta situación evidencie una falta de entendimiento hacia la realidad lingüística de Alicante. Resaltó la importancia del valenciano como símbolo de identidad y memoria colectiva, y recordó que, pese a los intentos de despojarlo de relevancia, la comunidad valencianohablante seguirá presente y activa.
Al concluir la votación, que dejó en claro la división de opiniones, los miembros de la oposición levantaron carteles que proclamaban el apoyo al valenciano, mientras que el bloque de la derecha aplaudió la decisión adoptada, reflejando un serio choque cultural que promete continuar en la arena política local.
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