La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha reiterado ante la juez encargada del caso relacionado con la gestión de la dana, que el sistema Es-Alert no estaba oficialmente integrado en el Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad Valenciana al momento de los hechos investigados.

En un comunicado presentado el 28 de julio, Pradas ha solicitado que la Generalitat Valenciana proporcione un informe detallado que incluya el número de alertas rojas emitidas durante la última década y las convocatorias de los Cecopi que siguieron a dichas alertas.

La defensa ha incluido una serie de documentos con esta solicitud, destacando una nota oficial del departamento de Emergencias e Interior que indica el comienzo de la actualización del mencionado plan, el cual tiene como objetivo incorporar un nuevo protocolo para el sistema de alerta Es-Alert.

El abogado de la exconsellera ha subrayado que esta nota es esencial para entender el marco regulador vigente en materia de emergencias en la Comunidad Valenciana en el momento de los sucesos, específicamente el 29 de octubre de 2024.

"Este documento demuestra de forma contundente que, al producirse los acontecimientos bajo investigación, el sistema de Es-Alert no se hallaba formalmente integrado en el Plan Territorial de Emergencias", dijo el letrado, añadiendo que su relevancia es fundamental para evaluar si la reacción del departamento de Emergencias cumplió con las normas y protocolos vigentes en ese tiempo.

Adicionalmente, la defensa ha presentado los pliegos de licitación del contrato del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que especifican los requisitos que deben cumplir las empresas para participar en la licitación, incluyendo la necesidad de contar con personal especializado. Este es un punto que la exconsellera considera vital para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Según la defensa, revisar estos pliegos permitirá evaluar la diligencia en la contratación y el supervisión del servicio. Esto también ayudará a esclarecer si las fallas en el funcionamiento del SAIH fueron resultado de un incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria.

Por otra parte, también se ha solicitado al juzgado que obtenga información específica del gobierno valenciano, particularmente el número total de alertas rojas emitidas en los últimos diez años y cuántas veces se convocó un Cecopi después de dichas alertas. Esto, dicen, brindará un "elemento de contraste" que es muy relevante para entender la excepcionalidad de la creación del Cecopi el 29 de octubre de 2024, sobre todo en respuesta a las acusaciones de demora expresadas por diversas partes implicadas.

La defensa sostiene que esta información servirá para establecer un marco comparativo que ayudará a determinar si la actuación del 29 de octubre se alineó con los protocolos habituales en situaciones de emergencia y si la convocatoria del Cecopi fue un hecho aislado o un patrón recurrente, lo cual es crítico para evaluar las posibles responsabilidades.

Además, en el contexto de esta investigación, una de las acusaciones, Liberum, ha solicitado modificar el estatus procesal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, a investigado. También pidieron que se cite a la presidenta de Aemet, María José Rallo del Olmo, como testigo.

Este llamado se basa en un informe de la Guardia Civil que señala la falta de avisos por parte de la Confederación respecto a la situación en el Poyo durante el aumento del caudal que se observó entre las 16:15 y las 18:43 horas del día en cuestión.

El informe subraya que, aunque la CHJ poseía información relevante a través del SAIH, no era la única fuente de datos disponible para el Centro de Coordinación y Emergencia, que también contaba con alertas de Aemet y llamadas de ciudadanos, siendo crucial que esta información se comunicara de manera oportuna para gestionar adecuadamente la inundación.

Desde la representación de Liberum, se argumenta que todas las entidades competentes en la gestión de esta emergencia, incluidas las autoridades regionales y servicios de emergencia, deben ser objeto de investigación al igual que Aemet y la CHJ, debido a la mala gestión que el informe de la Benemérita parece evidenciar.