El ex presidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, ha reiterado su inocencia y ha descrito las acusaciones en su contra en el caso Imelsa como una "farsa". Rus ha afirmado que "si no vienen después de mi, es aburrido", insinuando así que está siendo perseguido por razones políticas. Él ha declarado estos mensajes antes de entrar a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde desde este martes se le juzga por el caso Imelsa.

En esta ocasión, se enfrenta a una pena de ocho años de prisión por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Sin embargo, todavía está a la espera de un juicio anterior realizado el mes pasado sobre la pieza "zombie" de este caso.

El juicio del "Call center" de Imelsa, que comenzó el martes y durará hasta el 5 de junio, incluye a siete acusados, incluido Alfonso Rus, su ex suegro Mariano López, y Marcos Benavent, ex gerente de Imelsa. Rus ha declarado que nunca se hizo nada digital y que lo explicará en el juicio, sobre los interrogantes que lo rodearon.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, mientras que al "yonki del dinero" se le atribuye los delitos de prevaricación y malversación. Además, los otros seis acusados enfrentan cargos que van desde prevaricación y malversación hasta falsificación de documentos y blanqueo de capitales.

La Fiscalía alega que los actos se dieron en junio de 2012, cuando el ex suegro de Benavent persuadió a Rus para que adjudicara a su empresa Servimun un contrato tributario público por servicios de gestión. Servimun recibió una puntuación alta para ser adjudicataria del contrato, mientras que el hijo de Mariano López, quien tampoco contaba con experiencia, fue nombrado como coordinador del contrato. Finalmente, los informes negativos y la inutilidad del servicio llevaron a su no renovación en 2015.

Mientras tanto, Mariano López creó una empresa para transferir el dinero de Servimun a la cuenta de otra empresa, que él mismo poseía. El tráfico mercantil del dinero rapiñado permitió a López y a otras dos acusadas beneficiarse de aproximadamente 198,835.48 euros. López también disfrutó del dinero de la adjudicación a través de transferencias bancarias.