Siete pisos turísticos presuntamente ilegales detectados en el Intempo de Benidorm

La Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm han detectado al menos siete pisos turísticos que presuntamente operaban sin licencia en el edificio Intempo, el rascacielos más alto de la ciudad. El operativo, desarrollado el pasado viernes 30 de octubre, movilizó a cerca de 40 agentes uniformados de ambos cuerpos.

Durante la intervención se realizaron inspecciones aleatorias en apartamentos de las dos torres del inmueble, denominadas Poniente y Levante. De forma simultánea, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de control de personas y vehículos. Según la Policía Nacional, el operativo se desarrolló con normalidad y con la colaboración de los residentes y de las personas alojadas en el edificio.

Las actuaciones se enmarcan en las competencias de inspección y sanción que el Ayuntamiento de Benidorm asumió al amparo del Decreto-ley 9/2024, de 2 de agosto, aprobado por la Generalitat Valenciana, que modificó la Ley 15/2018, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana. La normativa establece el principio de unidad de explotación, según el cual la gestión y administración de los alojamientos debe recaer en una única titularidad responsable, un aspecto que la Policía considera de especial relevancia para determinar responsabilidades administrativas.

El Departamento de Comercio del Ayuntamiento es el encargado de instruir los expedientes sancionadores. Entre las propuestas de sanción formuladas, al menos cuatro, inicialmente fijadas en 50.001 euros cada una, han sido abonadas por sus responsables con la reducción del 50 por ciento prevista por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago.

La investigación no se limita a la legalidad administrativa. La Policía señala que no descarta la apertura de nuevos expedientes por incumplimientos de las obligaciones de registro documental y comunicación de datos de las personas alojadas, reguladas por el Real Decreto 933/2021. Según la Policía, estas obligaciones son una herramienta fundamental para la prevención e investigación de delitos, y su incumplimiento puede constituir una infracción grave sancionable con multas de entre 601 y 30.000 euros.

Ambos cuerpos destacan su estrecha colaboración y su compromiso de actuación coordinada para garantizar el cumplimiento de la legalidad y combatir las actividades turísticas irregulares. La Policía ha recordado a propietarios y gestores la obligación de conocer y cumplir los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad en la Comunitat Valenciana.