Las claves del proceso por la dana: 690 comparecientes y una instrucción que podría alargarse un año más

La causa judicial por la dana que se instruye desde enero de 2025 en Catarroja ha tomado 690 declaraciones y acumula 588 resoluciones, en un procedimiento con cerca de 40 abogados personados y dos investigados: la exconsellera Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. La cifra de víctimas mortales, superior a 200, condiciona todo el ritmo del caso.

Qué hay detrás de la lentitud del procedimiento. El juzgado investiga homicidio y lesiones por imprudencia, y cada parte personada puede recurrir las decisiones de la magistrada. Un solo recurso de cada una de ellas puede obligar a dedicar dos meses a resolverlos. A ello se suman testigos, informes periciales y documentación pendiente.

El caso también ilustra una tensión jurídica de fondo. Según el penalista Eliseu Frígols, profesor de la Universitat de València, las normas procesales están pensadas para asuntos de menor dimensión. Cuando intervienen tantas partes, el procedimiento abreviado se vuelve difícil de gestionar en plazos razonables, aunque las videoconferencias han reducido parte de los retrasos.

El frente de la reconstrucción de los hechos sigue abierto. La comisión rogatoria enviada a Estados Unidos busca datos de metadatos de mensajes de WhatsApp y Telegram intercambiados el día de la riada por José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete de Carlos Mazón. Las autoridades estadounidenses han indicado que WhatsApp no conserva el contenido de los mensajes, por lo que la magistrada mantiene la petición únicamente para obtener datos de remitentes, destinatarios y horarios.

El caso de Carlos Mazón concentra buena parte del debate político. Aunque la jueza pidió investigarle, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no apreció indicios suficientes. Ahora figura personado en la causa, una situación que los juristas consultados describen como jurídicamente incómoda y poco regulada para los aforados. Para la defensa, participar en el procedimiento evita que se actúe a sus espaldas; para algunas acusaciones, supone estirar las garantías más allá de lo habitual.

De cara al futuro, los expertos coinciden en que la instrucción seguirá al menos un año más, con prórrogas y pruebas pendientes. El asunto deja también una pregunta abierta sobre cómo debe resolver el ordenamiento penal los casos masivos y el estatus de los aforados, cuestiones que van más allá de esta causa concreta y que el legislador deberá abordar.