VALÈNCIA, 30 de enero.

El Consejo de Administración de GESPA, la empresa municipal encargada de la gestión y servicios en Paterna, ha decidido realizar el nombramiento de Sonia Borruey Montolio como nueva directora general tras la salida voluntaria de Francisco Javier Martínez, quien regresa a su puesto anterior como jefe de Personal en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Este nuevo nombramiento responde a la necesidad de cubrir la dirección de la empresa pública. Es importante señalar que Borruey deberá renunciar a su acta de diputada en Les Corts Valencianes, ya que este cargo se considera incompatible con sus nuevas responsabilidades, lo que refleja el compromiso total que exige este tipo de liderazgo.

GESPA cuenta con más de 500 empleados, motivo por el cual el Consejo de Administración ha optado por una persona con un perfil altamente capacitado, que no solo tenga un profundo conocimiento del municipio, sino que también posea experiencia en gestión y habilidades para dirigir estructuras organizativas complejas.

La formalización del nombramiento de Borruey se llevará a cabo en los próximos días, coincidiendo con su renuncia a su cargo de diputada. El Consejo y el Ayuntamiento han expresado su agradecimiento a Francisco Javier Martínez por su trabajo en la empresa municipal y le desean lo mejor en su futuro profesional.

Sonia Borruey es licenciada en Derecho y cuenta con formación especializada, incluyendo un Máster en Ordenación del Territorio por la Universitat Politècnica de València y la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Su carrera profesional comenzó en el sector privado en derecho urbanístico, mercantil y civil, y más tarde trabajó por cuenta propia en derecho privado.

Como vecina de Paterna, Borruey tiene una trayectoria política significativa, habiendo sido concejala en el Ayuntamiento. Además, previamente a su paso por Les Corts, ocupó puestos de dirección y coordinación en la Mancomunidad de l'Horta y en la Vicepresidencia Segunda de la Diputación de Valencia.

Sin embargo, su nombramiento no ha estado exento de controversias. Grupos de la oposición han criticado la elección, puesto que Borruey es la expareja del alcalde socialista, José Antonio Sagredo. El Grupo Municipal del PP ha manifestado su oposición, señalando que el alcalde ha propiciado este nombramiento con un salario anual de 67.850 euros, lo que, según su opinión, genera un gran debate política y social.

Los 'populares' han recordado que Borruey es hija de un exalcalde de la ciudad y han expresado su preocupación por la acumulación de cargos, que despierta dudas sobre la idoneidad, ética y posibles conflictos de interés relacionados con su nombramiento, además de su relación con el alcalde.

El Partido Popular ha votado en contra de la designación y ha anunciado que llevará el caso a sus servicios jurídicos para analizar la legalidad del proceso y su ajuste a los principios de transparencia, mérito e igualdad de oportunidades en el acceso a este puesto.

Según el PP, esta designación envía un mensaje negativo sobre las instituciones y alimenta la desconfianza ciudadana hacia la gestión pública, especialmente en un momento en que se demanda más ejemplaridad y rigor a los responsables políticos.

Por su parte, Carmen Gayá, portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, ha calificado de grave que el alcalde haya presentado esta candidatura sin proporcionar ningún currículum o información sobre la experiencia de Borruey en la dirección de empresas. “Nos piden confiar sin ninguna evidencia”, ha declarado.

Gayá ha resaltado que aunque la elección sea legal, eso no la hace ética o aceptable, argumentando que la libre designación no debería ser un pretexto para colocar a familiares en puestos críticos sin transparencia ni garantías de capacidad.

Desde Compromís per Paterna se ha denunciado este uso personalista de las instituciones públicas, afirmando que “Paterna no es una empresa familiar” y exigiendo aclaraciones inmediatas, toda la documentación del nombramiento, así como la revisión de una decisión que socava gravemente la credibilidad tanto de la empresa pública como del Ayuntamiento.