En un contundente movimiento político, Vox ha decidido solicitar la creación de una oficina contra la okupación en la Comunitat Valenciana, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de València. Esta iniciativa será presentada mediante una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para el año 2025, un acuerdo que este partido ha alcanzado con el Consell dirigido por Carlos Mazón.

El liderazgo de Vox también ha planteado recortes significativos en las asignaciones que la Generalitat destina tanto a los sindicatos como a la patronal autonómica CEV. Así lo ha manifestado este jueves José Mª Llanos, síndic de Vox en Les Corts, durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Vox tiene previsto registrar aproximadamente 50 enmiendas parciales relacionadas con la ley de acompañamiento. Entre ellas destaca la propuesta de establecer una oficina antiokupación, con objetivos que se asemejan a la oficina creada por el Ayuntamiento de València, donde Vox colabora con el PP en el gobierno municipal.

Además, entre las propuestas que Vox planteará en la ley de acompañamiento se incluye la reducción de un punto porcentual en el impuesto de transmisiones patrimoniales y una décima en el impuesto de actos jurídicos documentados. También se contempla fomentar la colaboración entre el sector público y privado para proteger el patrimonio histórico y cultural, así como revisar las sanciones aplicables en el ámbito del deporte de montaña.

En relación a las enmiendas en los presupuestos, Llanos ha subrayado que la intención es reducir en un 30% los fondos destinados tanto a los sindicatos como a la patronal. Vox argumenta que estas organizaciones deben financiar sus actividades a través de las cuotas de sus afiliados. “Nuestra intención es equilibrar este recorte entre sindicatos y patronal”, ha precisado el líder de Vox.

Llanos ha reiterado que todas estas enmiendas han sido “negociadas” con el Partido Popular, aunque ha señalado que no se prevén propuestas conjuntas entre ambos grupos. Sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad de negociar durante el proceso parlamentario para alcanzar un consenso.