El expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, donde alega indefensión y señala múltiples fallos en la condena que recibió. Esto se debe a lo que considera engaños, pruebas manipuladas y contradicciones a lo largo del proceso judicial que lo llevó a ser condenado en relación con la trama de las ITV en Erial.

La defensa de Zaplana, a cargo del abogado Daniel Campos, argumenta que la única condena que tuvo relevancia fue la de su cliente. En su recurso, se busca la absolución del exministro, quien fue sentenciado a un total de 10 años y cinco meses de prisión por supuestos delitos relacionados con la corrupción en la adjudicación de estaciones de ITV entre 1997 y 2003. Según la acusación, Zaplana canalizó comisiones a través de una sofisticada red de empresas, involucrando incluso paraísos fiscales como Panamá y Luxemburgo.

A lo largo de los procedimientos, Zaplana ha mantenido su inocencia, insistiendo en que todo se basa en un "engaño". Este engaño, según su defensa, radica en la obtención de documentos cruciales, conocidos como la 'hoja de ruta', los cuales fueron hallados en el despacho de un abogado que había trabajado con el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Estos documentos fueron, según la defensa, mal utilizados para iniciar la causa en su contra.

La defensa sostiene que los documentos fueron obtenidos durante una búsqueda en el despacho de abogados sin la debida autorización judicial, lo que pone en tela de juicio su validez en el caso. A su vez, argumentan que la investigación realizada en torno a dichos documentos carecía de la supervisión judicial necesaria y fue claramente irregular.

Además, sostienen que la versión del hallazgo de los documentos es "rocambolesca". Un empresario sirio, testigo en el juicio, afirmó haber encontrado los papeles junto a una caja fuerte y haberlos entregado a Benavent, quien después contradijo su historia. Según la defensa, este testimonio fallido pone en evidencia la fragilidad de las pruebas presentadas.

Respecto a la acusación de amaño en las adjudicaciones de las ITV, el letrado de Zaplana señala que las resoluciones implicadas no provenían de su cliente, sino de otros que testificaron a favor de Zaplana, asegurando que no recibieron presiones de su parte. Además, afirma que las adjudicaciones fueron realizadas bajo procedimientos adecuados y que todos los participantes confirmaron no haber sido influenciados de ninguna forma.

La defensa continúa negando cualquier conexión entre Zaplana y las adjudicaciones de las ITV, argumentando que estas actividades estaban fuera de sus competencias como presidente de la Generalitat. A este respecto, se critica que la condena de Zaplana se basara en testimonios de otros acusados que llegaron a acuerdos con la Fiscalía para obtener beneficios a cambio de incriminar a Zaplana, lo que afectó claramente su derecho a un juicio justo.

El abogado también hace énfasis en que se otorgó a ciertos testigos un trato preferencial al ser incentivados para declarar en contra del exministro, lo que generó una situación de indefensión para Zaplana. La defensa argumenta que esta situación vulneró las garantías que deberían existir en un proceso judicial.

Finalmente, el recurso señala que la sentencia previamente emitida por la Audiencia reflexiona sobre la situación de otros acusados, lo que resalta la inconsistencia y posible arbitrariedad en la condena de Zaplana. En este contexto, se solicita una vista ante el Tribunal Supremo para discutir estos argumentos y busca lograr la absolución del exministro, dada la gravedad y el impacto social de la sentencia actuante.