Crónica Valencia.

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"Zaplana tendrá una condena más leve por corrupción en el caso Erial"

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP, Eduardo Zaplana, ha visto reducida la petición de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Erial. Inicialmente se le pedían 19 años de prisión, pero ahora solo se le solicitan 17 años debido a la eliminación del delito de falsedad en documento oficial.

Se mantiene la acusación de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Además de la pena de prisión, se le solicita a Zaplana una multa de 40 millones de euros, junto con otras dos multas de 72.000 y 36.000 euros.

En cuanto a otros involucrados en el caso Erial, como los hermanos Vicente y José Cotino, Joaquín Barceló, testaferro confeso de Zaplana, y Juan Francisco Gracía, el fiscal también ha reducido las penas. Por otro lado, ha retirado la acusación a la exdiputada Elvira Suances, Pedro Romero, el peluquero de Zaplana, y al empresario Ángel Salas.

El fiscal Pablo Ponce ha presentado las conclusiones finales en el juicio en la Audiencia de Valencia, donde se ha investigado un presunto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones relacionadas con concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana.

El ministerio público ha retirado las acusaciones contra Elvira Suances, Pedro Romero y Ángel Salas al no encontrar suficientes pruebas de su participación en actividades criminales. Respecto a José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat, se le reclama una pena de dos años de prisión por cohecho luego de retirar el delito de prevaricación.

El fiscal ha defendido la validez de la prueba presentada durante el juicio y ha negado dilaciones indebidas en el proceso. También ha reafirmado su postura sobre la competencia de la Audiencia Nacional en este caso, a pesar de la defensa del abogado de Zaplana.

Además, el fiscal ha respaldado al empresario Fernando Belhot, testigo en el caso, y ha defendido la legalidad de los llamados 'papeles del sirio' que desencadenaron la investigación. Dichos documentos fueron encontrados por un ciudadano de origen sirio en un piso que perteneció a Zaplana.