El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha alabado la intervención "rápida y responsable" de la Justicia ante la reciente tragedia relacionada con la dana, y ha subrayado la importancia de optimizar los protocolos que gestionan situaciones catastróficas.

Durante una conferencia de prensa presentada el 18 de julio, el líder del TSJCV confirmó que la jueza a cargo del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja cuenta con todos los recursos necesarios para enfrentar lo que él describió como una "macrocausa compleja". Explicó que está a favor de que dicha jueza permanezca en la Ciudad de la Justicia de València si así lo requiere la situación, aunque la decisión final recae en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente también se refirió a las medidas adoptadas para asegurar que la investigación sobre la devastadora dana, que ha causado 228 pérdidas humanas, se lleve a cabo de la mejor manera posible. Informó que se han facilitado medios adecuados para que la jueza realice los interrogatorios en condiciones propicias y que se han garantizado más recursos si son necesarios.

La situación se complicó cuando la inundación afectó a la sede judicial de Catarroja, lo que llevó al traslado de los cinco juzgados afectados a la Ciudad de la Justicia de València. A pesar de esto, la Junta de Jueces ha solicitado que el juzgado número 3 permanezca en la capital y, en caso de que esto no sea factible, que se habilite otro espacio adecuado para continuar su trabajo.

El presidente Baeza apuntó que este miércoles se evaluará la solicitud en la Sala de Gobierno del TSJ y que se revisará la adecuación del espacio en Catarroja para llevar a cabo la investigación, sugiriendo que, si no se cumplen estas condiciones, se respaldará la permanencia en València por motivos objetivos.

En respuesta a la inquietud planteada por el abogado de la exconsellera Salomé Pradas sobre la instrucción de la causa en la que está implicada, Baeza aclaró que el asunto no ha llegado a la Sala de Gobierno y enfatizó que los jueces actúan con total independencia. Además, subrayó que cualquier juez que sienta presiones puede solicitar protección.

Ante cuestionamientos sobre el número exacto de víctimas, reiteró su confianza en el proceso judicial declarado: "No creo que pueda haber dudas sobre la instrucción; nuestros jueces actúan con la independencia necesaria y sin intereses ocultos", añadió.

El presidente del TSJCV también hizo hincapié en que 2024 será recordado por el desafío sin precedentes que la dana supuso para los juzgados del territorio, subrayando la capacidad de respuesta de la Administración de Justicia durante esta crisis.

Destacó la actuación rápida de más de 20 juzgados que iniciaron diligencias preparatorias, logrando identificar a 221 víctimas en menos de un mes, lo que permitió a sus familias despedirse de sus seres queridos. Este esfuerzo fue crucial para sobrellevar el sufrimiento de aquellos que perdieron a sus allegados.

Además, reconoció el arduo trabajo de los juzgados en las áreas afectadas en relación a los delitos de pillaje, lo que resultó en más de 70 arrestos, con casi 30 personas detenidas que se encuentran actualmente en prisión.

El presidente subrayó la importantísima respuesta "ágil y comprometida" que llevó a cabo la Justicia mediante la implementación de múltiples acuerdos que fueron rápidamente aceptados por la Comisión Permanente del CGPJ.

Se refirió también a la estrategia que permitió que las disposiciones judiciales sobre la asistencia ante la fuerza mayor se realizaran de manera eficiente y con el consenso necesario para evitar mayores inconvenientes a las personas afectadas.

Finalmente, Baeza enfatizó la necesidad de "mejorar y actualizar" los protocolos judiciales para hacer frente a emergencias futuras, sugiriendo la integración de herramientas tecnológicas para mejorar la coordinación y la toma de decisiones urgentes, con un enfoque claro en la comunicación de las medidas adoptadas. Para ello, propuso la creación de un grupo de trabajo dentro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior.