Crónica Valencia.

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Critican la ley de concordia de PP y Vox por carecer de rigor científico y promover un nacionalismo obsoleto.

Critican la ley de concordia de PP y Vox por carecer de rigor científico y promover un nacionalismo obsoleto.

Departamentos de prestigiosas universidades emiten un comunicado en contra de la Ley de Concordia que se está tramitando en Les Corts

VALÈNCIA, 2 de mayo.

Historiadores académicos muestran una fuerte oposición a la ley de concordia presentada por los partidos de la coalición en el gobierno (PP-Vox) y expresan su "profunda preocupación" al considerar que carece de rigurosidad científica debido al desconocimiento de los fundamentos esenciales de los temas que aborda y le falta "un nacionalismo obsoleto".

En su opinión, esta legislación podría resultar en la aplicación de políticas públicas en este campo que son "claramente insuficientes e incluso contraproducentes para los objetivos propuestos", por lo que instan a los grupos parlamentarios a no aprobarla y se ofrecen a reunirse para dialogar al respecto.

Así lo expresan en un comunicado conjunto firmado por los departamentos de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València (UV), Humanidades Contemporáneas de la Universitat d'Alacant (UA) e Historia, Geografía y Arte de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló. La propuesta de ley, en proceso en Les Corts, fue presentada para derogar la Ley de Memoria Democrática de 2017.

Los historiadores afirman que la concepción de la historia en este documento "claramente refleja un nacionalismo retrogrado y carente de cualquier sentido crítico". "La labor de la Historia no debe ser 'honrar y proteger la historia de España', ni la de cualquier otro país o comunidad, sino construir un discurso histórico riguroso y proporcionar un conocimiento sólido sobre el pasado", destacan.

Denuncian que los autores de la propuesta intentan hacer creer que "nunca ha existido un relato consensuado" sobre el periodo entre 1931 y 1977 "ni entre los historiadores ni entre los ciudadanos". Consideran que esta afirmación es "muy vaga" y demuestra "un claro desconocimiento de cómo funcionan las disciplinas científicas en general".

Los historiadores sostienen que el PP y Vox pretenden dar a entender que "en la historiografía todo es relativo al punto de vista del historiador, lo que implica ignorar en qué consiste la profesión". Sin embargo, destacan que es imposible tener "un único relato sobre el pasado" y que "la Historia no es ningún dogma ni una profesión de fe".

"Dentro de la disciplina histórica, dentro y fuera de España, hay pluralidad en ciertas interpretaciones de los eventos, pero con un amplio consenso en el establecimiento de los hechos fundamentales sobre la historia del siglo XX", explican, defendiendo la existencia de un campo de estudio "robusto" y "consensos muy básicos" sobre la Segunda República, la Guerra Civil, el franquismo y la Transición.

Por otro lado, critican que la valoración histórica "sesgada y tendenciosa" de la ley de concordia "demoniza la democracia española de los años 30 como una época 'convulsa', llena de 'dinámicas de enfrentamiento' y de 'violencia social y política', equiparándola a una catastrófica guerra civil y una dictadura de 40 años".

Esto contrasta con el consenso en la historiografía española y el hispanismo internacional de que la Segunda República fue la primera forma de gobierno democrático en España en el siglo XX. Por lo tanto, consideran que, a pesar de sus errores e imperfecciones, es comparable al resto de democracias existentes en ese momento.

Los historiadores sostienen que la propuesta carece de "la objetividad e imparcialidad que dice buscar" porque "no menciona ni valora la dictadura franquista, llegando al punto de no nombrarla en absoluto" a lo largo del texto, y desplaza el enfoque del debate del período 1936-1975 al hacer más referencias a la "República" (cinco veces) o al "terrorismo" (ocho veces): "Es decir, el terrorismo recibe, por sí solo, tantas menciones como la Guerra Civil y la dictadura juntas".

Además, advierten que el texto "jerarquiza entre terrorismos", al centrarse únicamente en el de ETA y no mencionar el de extrema derecha, los GAL o los atentados islamistas del 11M, y también "jerarquiza entre víctimas" al afirmar que "no importa el bando, ni el origen, ni las creencias".

En contraste, señalan que no se hace mención alguna de las víctimas del franquismo, mientras que se habla de las víctimas del terrorismo en cinco ocasiones, y se inventa la categoría de "víctima de la Segunda República", afirmando que carece de sentido al igual que hablar de "víctimas de la monarquía borbónica".

Otra crítica de los historiadores es que la ley presenta una "falsa equiparación" entre dictadura y democracia, al "confundir la memoria personal-familiar con la memoria social y la conmemoración por parte de instituciones".

En primer lugar, recuerdan que en una democracia se tiene el derecho de recordar a los familiares fallecidos durante la guerra y posguerra, con la salvedad de que muchas familias de víctimas de la represión franquista todavía desconocen su paradero. En segundo lugar, destacan que nunca se puede hablar en democracia, y menos aún desde una institución pública, de 'enseñar que no importa el bando, ni el origen, ni las creencias'.

"¿Aplicarían los proponentes de la ley esa misma frase a la Alemania nazi o a los terroristas de ETA?", se preguntan, enfatizando que "la igualdad de las víctimas en el dolor no puede equipararse a una igualación de las causas por las que murieron": "No hay posibilidad de un 'equilibrio' entre aquellos que defienden la democracia y los que lucharon durante 40 años por destruirla y evitar su retorno".

Los historiadores también rechazan la afirmación de los proponentes de que buscan "restaurar el equilibrio perdido", ya que aseguran que "nunca ha existido un equilibrio en las memorias públicas respecto a la historia traumática del siglo XX en España"; ni antes de 1975 por la dictadura ni después debido a que "las instituciones no han implementado políticas decididas de memoria democrática".

"Ese desequilibrio solo se ha comenzado a matizar parcialmente en las últimas dos décadas... Pero no se ha compensado ni ha desaparecido nunca", afirman, advirtiendo que continuará hasta que no se aclare el paradero de las personas desaparecidas por represión o no se cumpla con la legislación internacional al respecto. Por todo esto, instan a no perpetuar este desequilibrio y a contribuir a corregirlo.

La declaración cuenta con la adhesión de la junta de la facultad de Geografía e Historia, el área de Didáctica de las Ciencias Sociales y el aula de Historia y Memoria Democrática de la UV, el equipo decanal de la facultad de Filosofía y Letras y la revista 'Pasado y Memoria' de la UA y la cátedra de Historia y Memoria Democrática de la UJI.