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Medio Ambiente 19 de Septiembre de 2026 · 12:16h 2 min de lectura

Demandan auditoría por la muerte de beluga en el Oceanogràfic de València

La Fundación Franz Weber ha solicitado formalmente a la Generalitat Valenciana una auditoría exhaustiva sobre la reciente muerte de la beluga 'Jelly Bean' en el Oceanogràfic. La organización denuncia que esta es la tercera baja entre los animales trasladados desde Marineland Canadá, cerrado hace unos años, a parques como el acuario de Chicago y el propio Oceanogràfic.

Este hecho se enmarca en un contexto donde las instituciones europeas avanzan hacia la prohibición de la explotación de cetáceos en espectáculos públicos, como en Francia, mientras que la legislación española mantiene el respaldo a estas instalaciones y espectáculos, argumentando un interés educativo o científico que algunos consideran nulo.

Los naturalistas advierten que la cautividad deteriora la salud física y mental de los cetáceos, afectando su comportamiento social, cognitivo y fisiológico. La limitación de espacio y la reducción de interacciones sociales impiden que estos animales desarrollen conductas naturales, lo que puede contribuir a su fallecimiento.

La muerte de 'Jelly Bean' ha abierto el debate sobre el uso de animales en acuarios y espectáculos, destacando que en el Oceanogràfic se realizan funciones con delfines y otras especies que trivializan su bienestar y no aportan valor real a la conservación ni a la educación. España ostenta el liderazgo en delfinarios en la Unión Europea, bajo un modelo que prioriza el negocio sobre el bienestar animal.

Este escenario plantea una cuestión política de fondo: la necesidad de revisar la normativa actual en materia de protección animal y cetáceos. La demanda de auditorías y mayores controles refleja la presión social y ética por cambiar un modelo que muchos consideran obsoleto y perjudicial.

Mirando hacia el futuro, se espera que la creciente conciencia social y las nuevas regulaciones en otros países puedan impulsar cambios legislativos en España. La discusión sobre el uso de animales en cautividad podría convertirse en un punto de inflexión para la política y la regulación en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional.

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