La dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad, que está bajo la tutela del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha llevado ante la Fiscalía las burlas que se vertieron sobre la candidata de Podemos para la alcaldía de Valencia, Pilar Lima, por parte de Pablo Motos, el presentador del programa 'El Hormiguero', y su colaborador, Miguel Lago, por incitar a la discriminación. Además, desde el Real Patronato sobre Discapacidad se ha abierto un expediente de queja al programa.

La dirección general ha señalado que las libertades tienen límites cuando comprometen derechos de terceros. Ha indicado que no van a permitir prácticas que estigmatizan y ridiculizan a personas con discapacidad. En un tuit, el Real Patronato ha afirmado que "no vamos a permanecer impasibles ante prácticas que estigmatizan y ridiculizan a personas con discapacidad".

Desde el Ministerio de Derechos Sociales han explicado que tanto Motos como Lago "comentaron en directo entre mofas la discapacidad y la orientación sexual de la candidata valenciana el pasado martes en su programa".

En su escrito a la Fiscalía, la dirección general ha indicado que "las manifestaciones realizadas suponen un ataque al derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas con discapacidad y contribuyen a mantener en el imaginario colectivo estereotipos y prejuicios que afectan muy gravemente la vida de las personas con discapacidad".

A su juicio, los comentarios pronunciados dieron "a entender explícitamente que es absolutamente absurdo que una persona con discapacidad, en este caso 'por ser sorda o coja', no está capacitada para poder desempeñar las funciones propias del cargo político para el que fuese elegida". Además, ha argumentado que los comentarios vertidos por los presentadores pueden vulnerar el derecho al honor y a la no discriminación.

La Ley General de Comunicación Audiovisual establece que la comunicación audiovisual no debe incitar a la violencia, al odio ni a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de discapacidad, orientación sexual o identidad de género. También estipula que se debe respetar el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas.

Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de todas las personas con discapacidad a que se respete su integridad y se las proteja de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación.

La recientemente aprobada Ley de Igualdad de trato y no discriminación señala que las administraciones públicas deben promover el cumplimiento de la no discriminación y la no promoción de una imagen estereotipada de las diferentes personas y grupos de población.

La dirección general ha concluido que con manifestaciones como las denunciadas se incita a la discriminación contra las personas con discapacidad y se contribuye a perpetuar su estigmatización y exclusión social. Ha añadido que es obligación del Estado español tomar medidas para que se respete la dignidad de estas personas y se tome conciencia de sus capacidades y aportaciones a la sociedad.