El PSPV ha denunciado la falta de integridad del PP, acusándolos de usar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, como chivo expiatorio en medio de la controversia sobre la gestión de la devastadora dana que afectó a la Comunitat Valenciana el pasado 29 de octubre.

Este martes, la formación popular ha exigido la dimisión de Bernabé tras su testimonio ante la jueza encargada de investigar los hechos, argumentando que su declaración evidenció su aparente falta de veracidad en comparación con sus afirmaciones anteriores. Según el PP, la delegada intentó promover una narrativa falsa utilizando el sufrimiento de las víctimas para obtener beneficios políticos.

Juanfran Pérez Llorca, portavoz del PP en Les Corts, resaltó que la declaración de Bernabé dejó claro que no se recibió información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo por parte del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) hasta las 19 horas del día del incidente. Afirmó que esta situación ha desenmascarado el "chiringuito de la mentira" del Gobierno, sugiriendo que la delegada, por su actuación, debe presentar su renuncia.

Pérez Llorca también criticó a Bernabé por, según él, haber dirigido las miradas hacia el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, a quien se le impidió hablar durante meses en un intento por protegerse. El portavoz del PP defendió que el Gobierno de la Generalitat actuó conforme a la información disponible y que el presidente, Carlos Mazón, recibió los avisos pertinentes.

Por su parte, Vox también intervino en la discusión. José Mª Llanos consideró que el testimonio de Bernabé refuerza las afirmaciones previas del partido sobre la falta de información respecto al asunto del barranco del Poyo, a pesar de las afirmaciones de la delegada sobre que sí se estaban recibiendo datos.

Llanos cuestionó lo que él percibe como intentos de la delegada de eludir su responsabilidad al sostener que, desde el comienzo de la crisis, la dirección del Cecopi recaía tanto en la Generalitat como en el Gobierno de la nación. Afirmó que, según la declaración de Bernabé, hasta pasadas las 19 horas no se había recibido ninguna alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar, lo que resulta crucial en la evaluación de los acontecimientos de esa fatídica jornada.

En contraparte, desde el PSPV, José Muñoz criticó la postura del PP, acusándoles de distorsionar los hechos presentados por la delegada y enfatizando la existencia de un aviso hidrológico emitido a las 12.20 horas respecto a la rambla del Poyo. Muñoz cuestionó la veracidad de las afirmaciones de la Generalitat sobre la falta de información y subrayó la obligación de las autoridades de tomar decisiones ante dicha alerta.

El titular del PSPV aseveró que tanto la Confederación Hidrográfica como la Delegación del Gobierno actuaron adecuadamente y que el verdadero fracaso provino de los que estaban en posición de decidir, enfatizando la responsabilidad del exconseller Salomé Pradas y del presidente Mazón. En sus palabras, el PP carece de la vergüenza necesaria para asumir sus errores y en su lugar, intentan culpar a Bernabé.

Muñoz también desmintió afirmaciones de imputación contra la delegada, atribuyendo la acusación a una figura carente de credibilidad, quien trató de manipular la situación. Desde Compromís, Joan Baldoví e Isaura Navarro también resaltaron la alerta emitida, argumentando que demuestra que tanto la Generalitat como el Gobierno nacional eran conscientes de la crisis, y cuestionaron la falta de acción decisiva desde el Cecopi.

Navarro planteó interrogantes sobre la inacción ante la advertencia y Baldoví criticó las contradicciones en la defensa del gabinete de la exconsellera Pradas, sugiriendo que en cualquier entorno privado, las responsabilidades deberían llevar a consecuencias concretas. Subrayó que las decisiones erróneas no pueden excusarse y que, en última instancia, es fundamental que quienes ocupan posiciones de poder asuman sus responsabilidades.