El Tribunal Supremo ha decidido mantener las medidas cautelares impuestas al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, en el marco del controvertido 'caso Koldo'. Estas medidas incluyen la prohibición de salida del país, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer regularmente ante el tribunal. Esta resolución llega tras la negativa del juez Leopoldo Puente a aceptar la solicitud de prisión provisional planteada por las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, que argumentaban que existía un riesgo de fuga.

Durante la audiencia reciente, el magistrado ratificó las cautelares, respaldando así la posición del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Puente concluyó que, aunque hay pruebas significativas de criminalidad, no se justificaba la imposición de prisión, ya que no se percibe un riesgo de que los imputados intenten escapar o destruyan pruebas relacionadas con el caso.

En sus dictámenes, el juez subrayó que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presenta "sólidos indicios de criminalidad" que afectan a Ábalos y García. El documento sugiere que ambos podrían haber obtenido beneficios económicos ilícitos a través de la adjudicación irregular de obras públicas mientras Ábalos se desempeñaba como titular del Ministerio de Transportes, presuntamente en complicidad con terceros.

El magistrado identificó que el informe de la UCO, que incluye grabaciones relevantes en las que se escucha a Koldo, contribuye a reforzar las impresiones de que ambos podrían haber estado involucrados en actividades delictivas como la integración en una organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Puente sostiene que García habría jugado un rol activo en el manejo de contrataciones, mientras que Ábalos podría haberse beneficiado de actos ilícitos que se ejecutaron en el ámbito ministerial.

Además, se menciona al empresario Víctor de Aldama, quien supuestamente aprovechó su relación con Ábalos y García para obtener información que le permitiría asegurar contratos de suministro de mascarillas para su empresa. Estas actividades se enmarcan en un contexto más amplio donde De Aldama podría haber facilitado la adjudicación de otros contratos con la administración pública.

El instructor también ha señalado que hay evidencias que sugieren que Ábalos pudo haber recibido beneficios financieros vinculados a pagos de De Aldama o de terceros. Pulsando en este tema, destaca el alquiler de varios inmuebles relacionados con Ábalos y su pareja, así como acuerdos financieros que, en su opinión, tienen un trasfondo sospechoso de comisiones ilegales por las adjudicaciones promovidas por la administración.

En cuanto a las últimas declaraciones, Ábalos ha mantenido que no reconoce su voz en los audios presentados y ha insinuado que podrían haber sido manipulados. Además, negó cualquier implicación en adjudicaciones irregulares y en la recepción de sobornos. García, por su parte, eligió no declarar, argumentando que necesitaba tiempo para que su nuevo abogado analizara el caso a fondo.

Ambos se encuentran en el ojo del huracán en un escándalo que continúa desarrollándose, mientras las acusaciones populares y la Fiscalía insisten en sus solicitudes de medidas cautelares contra ellos. La situación se complica a medida que la investigación se adentra en un terreno cada vez más turbio, dejando en suspenso el futuro de ambos involucrados.