En un reciente giro en el debate político valenciano, los partidos PSOE, Sumar, ERC y Podemos han lanzado una fuerte crítica al decreto aprobado por el PP y Vox, que permite edificaciones en huerta protegida tras las recientes inundaciones. Esta modificación legislativa ha suscitado preocupaciones sobre la protección del entorno agrícola en la región.

El Tribunal Constitucional ha decidido tomar en consideración el recurso de inconstitucionalidad que han presentado estos partidos, argumentando que la alteración de la Ley de la Huerta de València de 2018, promovida por el gobierno de Carlos Mazón, no tiene fundamento legal suficiente.

Los representantes de los partidos opositores, que suman más de 50 escaños en el Congreso, alertaron el mes pasado que la reforma, aprobada en Les Corts, pone en riesgo la integridad de la huerta protegida, utilizando como excusa la situación de emergencia causada por la dana.

La publicación en el Boletín Oficial del Estado este jueves confirma que el TC ha admitido el recurso que cuestiona varios artículos del Decreto-ley 4/2025, lo que podría conllevar serias implicaciones para la legislación vigente sobre la protección de la huerta.

Desde Compromís, se celebró la decisión del Tribunal como un avance crucial para preservar tanto la legalidad como la democracia en la gestión del territorio. Su portavoz adjunta en Les Corts, Paula Espinosa, manifestó que este tipo de reformas no deberían ser aprobadas bajo la premisa de emergencias, especialmente cuando contradicen las recomendaciones científicas para abordar catástrofes naturales.

Espinosa recalcó que L'Horta de València representa un espacio vital, lleno de historia e infraestructura natural que tiene funciones esenciales. Argumentó que el gobierno anterior había manejado bien la defensa de estos intereses generales.

La coalición valencianista confía en que el Constitucional declare inconstitucional el decreto mencionado, afirmando que fue una aprobación inadecuada, al no cumplirse los requisitos de necesidad urgente establecidos en la Constitución. Este criterio fue respaldado por la Abogacía de la Generalitat en su informe, según afirman.

Entre las preocupaciones más serias resalta el intento de utilizar la tragedia de la dana como justificación para implementar cambios legislativos significativos que habían fracasado en el pasado. Critican que se esté aprovechando de la crisis ambiental para debilitar la protección de un entorno declarado fundamental por organismos como la FAO y la Unesco.

De acuerdo con Compromís, esta modificación representa una grave amenaza al entorno agrícola, reduciendo las protecciones sin llevar a cabo un proceso adecuado de evaluación ambiental, lo que contraviene el principio de no regresión en materia ambiental estipulado por la Constitución. Con el permiso para urbanizar 3.800 hectáreas de suelo agrícola, se pondría en peligro la función del área como infraestructura verde que mitiga los efectos de fenómenos climáticos extremos.

Recuerdan que en el pasado, las áreas agrícolas funcionaron como reservas naturales durante las inundaciones, absorbiendo agua y protegiendo las ciudades. Esta labor, sostienen, es insustituible y contradice las decisiones de edificación que se están proponiendo ahora.

Finalmente, Compromís considera que tratar la huerta de Valencia como un activo a negociar para favorecer intereses urbanísticos es un paso desacertado que compromete la identidad y seguridad alimentaria del territorio. Además, disputan la eliminación del Consell de l'Horta como un ataque a la autonomía municipal, que limitaría la participación de los ayuntamientos en este tema fundamental.

El decreto, argumentan, alteraría de manera sustancial el marco legal en l'Horta de València de forma poco transparente y sin las debidas garantías, creando un ambiente de incertidumbre jurídica contrario al principio de seguridad consagrado en la Constitución.