València, 15 de abril. La Federación Estatal de Trabajadoras de la Administración Pública de la CGT (FETAP-CGT) ha emitido un análisis crítico sobre las recientes declaraciones judiciales en el caso de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunitat Valenciana, resaltando varios puntos claves que ponen en evidencia fallos en la gestión de emergencias.

Joan Comorera, el abogado representante de FETAP-CGT, ha expresado su preocupación durante una rueda de prensa en la que se abordaron las implicaciones de esta crisis. En el marco de la indagación liderada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, han comparecido varias figuras públicas, incluyendo a la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, así como la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, quien participó como testigo.

Comorera ha indicado que se evidenciará la tardanza en la constitución del Cecopi (Centro de Coordinación de Emergencias), un retraso que, según él, resultó vital para intensificar las consecuencias de la catástrofe. Desde el primer aviso de alerta roja, se tardó hasta las 17 horas en activar este recurso, lo cual, a su juicio, podría haber evitado numerosas pérdidas humanas si se hubiese actuado con mayor celeridad.

El abogado también destacó el claro incumplimiento del Plan de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, sugiriendo que los grupos necesarios dentro del Cecopi nunca fueron establecidos, lo que demuestra una grave falta de liderazgo por parte de la consellera. Comorera enfatizó que, además de no seguir el protocolo, faltó una dirección decisiva que impidió una respuesta adecuada ante la emergencia.

Durante la intervención, Sergio Álvarez, otro representante de FETAP, hizo un repaso sobre las normativas que regulan la gestión de emergencias y planeación de inundaciones. Afirmó que en caso de una alerta de nivel 1 se debería haber dispuesto de un Puesto de Mando Avanzado (PMA), y en caso de una alerta nivel 2, se requería la creación del Cecopi, lo que no ocurrió a tiempo, generando desconfianza sobre la capacidad organizativa del sistema de emergencias.

Álvarez señaló que desde la madrugada del 29 de octubre ya había señales de emergencia en varias áreas, pero el PMA no se estableció como se requería. Resaltó una serie de inconsistencias a lo largo de los eventos de esos días, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), que debería haber monitorizado de manera constante la situación sin incurrir en graves omisiones.

Refiriéndose a los cauces fluviales, hizo hincapié en que la responsabilidad no recae únicamente en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o la Confederación Hidrográfica del Júcar, sino también en las autoridades locales, así como en otros cuerpos de emergencia que deben colaborar y comunicar eficazmente sobre la situación de riesgo.

Además, subrayó la necesidad de una comunicación fluida entre la Generalitat y los organismos responsables, señalando que todos deben compartir información proactivamente para mejorar la respuesta ante futuros desastres.

En otro orden de cosas, José Carlos Bellver, que forma parte del servicio de bomberos forestales de la Generalitat, expresó su preocupación por la falta de coordinación observada durante los días críticos de la emergencia. Desmintió las afirmaciones del exjefe de Bomberos José Miguel Basset acerca de la supuesta retirada de bomberos, asegurando que no habían actuado debido a la falta de órdenes adecuadas.

Bellver argumentó que si bien todos los recursos debían estar listos para actuar, no se movilizaron de manera efectiva, lo que indica un fallo estructural en la organización. Reclamó un cambio urgente en cómo se manejan las emergencias, cuestionando la falta de competencia en la gestión de situaciones críticas.