La Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT) ha lanzado una seria acusación ante la jueza de Catarroja en relación a la gestión de la reciente dana. Esta organización, que actúa como acusación particular en el proceso judicial, ha solicitado que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, sea considerado como investigado en lugar de testigo. La razón detrás de esta solicitud es la sospecha de que su labor, o la falta de ella, podría tener implicaciones penales.

El sindicato ha presentado alegaciones ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, en las que destaca diversas «graves irregularidades» en el informe entregado por Suárez el 7 de abril. Según la FETAP-CGT, este documento es clave para comprender la gestión de la crisis de inundaciones de octubre de 2024, pero adolece de errores y omisiones que, a su juicio, tergiversan el verdadero papel de la Generalitat en los incidentes que ocurrieron en la rambla del Poyo.

El informe pone de manifiesto la eliminación de funciones vitales que debían ser asumidas por el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) y por el director del Plan Especial de Inundaciones. Según el análisis del sindicato, se han omitido responsabilidades esenciales, como la coordinación de acciones y la activación de mecanismos de emergencia en los momentos críticos. También se señala una falta de comunicación activa con entidades como la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología, donde el CCE debería haber jugado un papel proactivo.

Además, se critica la confusión creada entre las fases de preemergencia y emergencia, lo cual podría desdibujar las responsabilidades de la Generalitat y justificar la falta de respuesta ante las primeras señales de riesgo. La denuncia subraya que se ha ignorado el papel de figuras clave como Emilio Argüeso Torres y Salomé Pradas, quienes tenían un rol crucial en dar paso a la declaración de emergencia y coordinar los recursos necesarios, especialmente en los momentos más delicados.

FETAP-CGT también considera que hay un intento deliberado de trasladar la culpa de la gestión de la crisis a los municipios y al Estado, sugiriendo que los Planes de Actuación Municipal (PAM) eran la única alternativa inmediata, cuando la principal responsabilidad recaía en la Generalitat.

De acuerdo con los denunciantes, los errores durante la dana, como la falta de Puestos de Mando Avanzados, escasa circulación de información y avisos poco claros, pudieron contribuir a un aumento en los daños materiales y poner en grave peligro la vida de numerosas personas. Ahora, el sindicato alerta sobre una supuesta manipulación en el informe presentado por Suárez, que parece buscar minimizar la responsabilidad de la Generalitat en lo ocurrido.

Desde su perspectiva, lo más alarmante es que, a las 12:25 del 29 de octubre, ya se había declarado la Emergencia Situación 0 en la rambla del Poyo, pero la Generalitat no llevó a cabo las acciones requeridas por el Plan Especial de Inundaciones, incumpliendo así sus deberes fundamentales en materia de protección civil.

En conclusión, FETAP-CGT exige que se clarifiquen las responsabilidades por los eventos ocurridos y que se esclarezca la verdad sobre la actuación de la Generalitat durante la crisis de octubre, defendiendo que no se debe desviar la culpa hacia otras administraciones cuando era una responsabilidad directa del gobierno regional.