El Gobierno de España ha decidido permitir a los municipios que han sufrido los efectos de la reciente dana adquirir terrenos en zonas propensas a inundaciones, utilizando fondos destinados a la reconstrucción. Esta medida busca prevenir el desarrollo residencial en áreas que podrían representar un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Este anuncio fue hecho por el Secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, en una reunión celebrada en Silla, Valencia, junto a Zulima Pérez, Comisionada especial para la reconstrucción. En el encuentro participaron diversos alcaldes de las localidades que han padecido las consecuencias de la catástrofe.

España indicó que este encuentro se da en un contexto crucial: superada la fase inicial de emergencia, ahora es momento de comenzar la recuperación de manera más activa e impulsarla hacia adelante.

Durante la conversación, se dio a conocer un nuevo Real Decreto Ley que fue aprobado por el Consejo de Ministros, el cual establece nuevas directrices para agilizar el proceso de reconstrucción, continuando así con las peticiones realizadas por los alcaldes y la sociedad civil durante el último año.

El Secretario de Estado enfatizó que esta normativa permitirá a los ayuntamientos adquirir terrenos que no serán destinados para el uso residencial, precisamente porque su ubicación implica un alto riesgo de inundaciones. En su lugar, estos terrenos se podrán utilizar para la construcción de infraestructuras como parkings o espacios recreativos que contribuyan a la resiliencia local.

El Gobierno también ha facilitado que los consistorios operen en el dominio público hidráulico, coordinándose con la Confederación Hidrográfica, para fortalecer las medidas de protección necesarias en las comunidades afectadas.

Respecto al presupuesto, España precisó que se destinarán 1.745 millones de euros a los municipios, con la flexibilidad de que ahora podrán invertir en la compra de terrenos, lo que antes no era posible. Subrayó que el objetivo es evitar la construcción en zonas de alto riesgo, enfatizando que estas áreas deben ser claramente señaladas como no aptas para vivir.

El Secretario también remarcó la importancia de evitar el desarrollo en estas "zonas peligrosas" y agregó que los plazos para la presentación de proyectos se han extendido y se seguirán ampliando según sea necesario.

Ante cuestionamientos sobre el retraso en la aprobación de proyectos y la posibilidad de aumentar recursos para acelerar dicho proceso, España defendió que el Gobierno está implementando un modelo novedoso en la respuesta a desastres, donde se cubre la totalidad de los daños en infraestructuras, en comparación con el 50% que se había hecho en el pasado.

Señaló que los consistorios tienen la opción de colaborar con la empresa pública Tragsa para facilitar la elaboración de memorias técnicas. Resaltó que, pese a los desafíos, están logrando progresos significativos en la presentación de proyectos, con más de 400 millones de euros activos y esfuerzos conjuntos para seguir avanzando en la reconstrucción.

Finalmente, Arcadi España instó a enfocarse en la acción real y no en críticas a otros programas de ayuda, destacando que en esta jornada política tan intensa el Gobierno sigue comprometido con el diálogo y el apoyo a la recuperación, habiendo inyectado en un año más de 8.200 millones de euros a empresas, familias e instituciones en la provincia de Valencia.

El Secretario concluyó enfatizando que el apoyo del Gobierno representa el 85% de cada euro destinado a estas iniciativas, reconociendo que aún queda mucho trabajo por hacer, pero mostrando una perspectiva optimista sobre el futuro económico y social de la provincia.