VALÈNCIA, 31 de julio.

En un reciente informe presentado ante el Juzgado de Catarroja, se han planteado serias críticas respecto a la gestión de la dana por parte de la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas-CGT. Este documento, que forma parte de una de las acusaciones populares, denuncia la "inacción" de la administración los días 28 y 29 de octubre, señalando como "temerario" el hecho de que los responsables del plan especial de inundaciones, la exconsellera de Interior Salomé Pradas y su colaborador Emilio Argüeso, ambos sujetos a la investigación, se dirigieran a inspeccionar un barranco en Carlet, lo que provocó un retraso de dos horas en la activación del Cecopi.

El informe, elaborado por el técnico Sergio Álvarez y al que tuvo acceso Europa Press, amplía los análisis anteriores de esta parte y se enfoca especialmente en las localidades de Paiporta, Catarroja y Massanassa, consideradas como áreas de "alto riesgo de inundaciones". Además, incluye un análisis sobre las declaraciones de Salomé Pradas y Emilio Argüeso en el tribunal.

Respecto a las comparecencias de los exdirigentes, el informe subraya cómo su decisión de viajar a Carlet en un momento crítico atrasó la constitución del Cecopi, un órgano vital que estaba monitoreando la situación. “A pesar de contar con una situación de emergencia marcada, los responsables optaron por visitar un barranco, un acto que pone en riesgo su vida y la de los que conducen, además de demorar la respuesta crucial ante la inundación”, resalta el documento.

El análisis remarca que la situación de caos estuvo a punto de agravarse aún más, dado que las rutas entre l'Eliana, donde se localiza el Centro de Coordinación de Emergencias, y Carlet, estaban afectadas por cortes en la A3 y la A7, complicando así aún más las labores de respuesta.

El redactor enfatiza que la Generalitat tenía la responsabilidad de supervisar los cauces, tal como lo estipula el Plan Especial de Inundaciones, y critica que no se aplicaran las medidas necesarias, a diferencia de las que se implementaron durante la dana en noviembre, lo que pone de manifiesto fallos en su gestión en octubre.

El informe sostiene que “no es aceptable que quienes estaban al mando de las operaciones, conforme indica el Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana (PTECV), intenten deslindarse de responsabilidades y culpen a otros, como a los bomberos forestales o a la Administración General del Estado”.

Además, se presenta un análisis comparativo utilizando un visor cartográfico para evaluar el riesgo que enfrentó la población, concluyendo que los fallecimientos por ahogamiento siguieron un patrón preocupante, afectando principalmente a personas mayores que vivían en zonas vulnerables, así como a individuos atrapados en garajes, donde se reporta que hasta un 33% de las muertes en Catarroja ocurrieron en esas circunstancias, y a quienes se encontraron en la calle durante la riada, en áreas de alto riesgo.