La Generalitat Valenciana ha decidido suspender las movilizaciones previstas por el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (MICOF) después de recibir garantías de la administración autonómica sobre el pago de deudas pendientes a las farmacias.

En un encuentro celebrado este martes, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, informó a los presidentes de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castellón, Alicante y Valencia que se liquidarán los pagos debidos antes de que finalice julio, gracias a la autorización reciente del Consejo de Ministros para que la Generalitat solicite un crédito extraordinario de 1.816 millones de euros.

Gómez destacó que los retrasos en los pagos no se calificarán como impagos, sino que se deben a la necesidad de disponer de liquidez. Aseguró que las oficinas de farmacia recibirán sus compensaciones, tal como se había comprometido previamente.

El conseller de Sanidad subrayó la importancia de cumplir con los farmacéuticos y afirmó que su administración está comprometida a asegurar el pago tan pronto como sea posible, gracias a este nuevo crédito solicitado por el presidente Mazón.

En una crítica hacia la gestión del Gobierno central, Gómez lamentó que Pedro Sánchez esté negociando financiación con otras comunidades mientras la Generalitat Valenciana se enfrenta a una deuda creciente, que en este caso alcanzó los 1.816 millones de euros. Esto ocurre tras la negativa del Gobierno central a aprobar el Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario, algo sin precedentes en más de una década.

Previo a este encuentro, el conseller había escrito a las farmacias, asegurando el pago regular de sus facturas a partir de este julio y prometiendo que se saldarían los montos pendientes tan pronto como se obtuviera la liquidez necesaria.

Además, la Conselleria se ha comprometido a acelerar los trámites para abonar los intereses que correspondan por los retrasos, mostrando así su firme voluntad de garantizar la salud del sistema farmacéutico y el bienestar del sistema sanitario.

Gómez expresó su desconcierto ante la actitud del Gobierno de España, que no sólo afecta a la Generalitat, sino que se traduce en un agravio para todos los valencianos y especialmente para los proveedores de servicios públicos fundamentales.

La Conselleria ha revelado que se ha visto obligada a hacer frente a facturas acumuladas de la anterior legislatura, sumando más de 800 millones de euros, lo que añade un peso significativo a la situación financiera actual.

Durante la reunión, el conseller valoró la entrega y la labor esencial que ejercen los farmacéuticos para garantizar la accesibilidad a medicamentos, el seguimiento de tratamientos y la atención a colectivos vulnerables, como los ancianos y los polimedicados.

Gómez reafirmó el reconocimiento de su administración hacia la labor de los farmacéuticos comunitarios, quienes son cruciales en los municipios menos poblados, donde muchas veces son el único recurso sanitario disponible.

Con la promesa de pagos inmediatos de la administración autonómica, el MICOF decidió suspender las movilizaciones colectivas que había planeado debido a la falta de pago.

Esta decisión se tomó después de intensas negociaciones con la Administración y otros actores políticos, según un comunicado del colegio oficial.

En la reunión, Gómez aseguró que, tan pronto como se active el crédito aprobado por el Consejo de Ministros, se procederá al pago inmediato de las facturas sanitarias, incluidas las de las farmacias.

Asimismo, el MICOF confirmó que la administración honorará la factura de junio a finales de mes, ajustándose a los plazos previamente acordados.

También se acordó un mecanismo para resarcir los intereses generados por el retraso en el pago de la factura de mayo, una medida que pretende mitigar el impacto financiero sufrido por las farmacias.

El Colegio expresó su agradecimiento por el apoyo obtenido de las organizaciones de pacientes y reiteró su compromiso de trabajar con responsabilidad para garantizar la sostenibilidad del modelo farmacéutico, protegiendo así a los colegiados y asegurando que los pacientes mantengan su derecho a acceder a la medicación.