ALICANTE, 22 de octubre.

La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación Urbanitas en la provincia de Alicante, que ha llevado a la investigación de 64 individuos presuntamente implicados en delitos relacionados con el urbanismo y la ordenación del territorio. Algunos de estos casos incluyen acusaciones de falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública.

La unidad encargada de estas acciones ha sido la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA), que desempeña un papel esencial en las labores del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para salvaguardar un desarrollo urbano responsable y sostenible en la región, según un comunicado del Instituto Armado.

El origen de la investigación se remonta a octubre del año pasado, con múltiples denuncias de asociaciones vecinales y ciudadanos, además de irregularidades identificadas por la patrulla. Estas infracciones urbanísticas estaban relacionadas con parcelaciones y construcciones ilegales en localidades alicantinas como El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent.

A lo largo de más de 70 inspecciones, las autoridades confirmaron que muchos de los terrenos implicados eran parcelas rústicas no urbanizables y protegidas, ubicadas en áreas de rambla, donde está prohibida la división del terreno y cualquier forma de edificación, de acuerdo con la normativa vigente.

Las primeras pesquisas revelaron el método utilizado por los infractores. Se descubrió que los intermediarios operaban entre propietarios de terrenos desocupados y potenciales compradores. En ciertas situaciones, adquirían los terrenos con la intención de revenderlos, o actuaban como mediadores para persuadir a los compradores. Posteriormente, dividían estas fincas en pequeñas parcelas, tanto de forma legal como física, con el fin de maximizar sus ganancias.

De este modo, los compradores firmaban contratos privados que les permitían acceder a un porcentaje del terreno original, sin tener una ubicación definida dentro de la parcela mayor, lo que implicaba que aceptaban las responsabilidades legales y urbanísticas vinculadas a la propiedad total.

Como producto de esta investigación, se ha procedido a investigar a 39 hombres y 25 mujeres, con edades entre 23 y 66 años, de los cuales tres habrían actuado como intermediarios. Todos enfrentan cargos por delitos contra la ordenación del territorio, con algunos también enfrentando acusaciones de falsedad documental y fraude fiscal.

Las acciones de investigación han sido notificadas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante. Asimismo, las posibles infracciones urbanísticas han sido comunicadas a las autoridades competentes, lo que podría resultar en sanciones económicas e incluso en la demolición de las estructuras ilegales y la interrupción de servicios básicos como agua, electricidad y gas.

La Guardia Civil advierte sobre los riesgos de adquirir propiedades construidas de manera ilegal, como la posibilidad de enfrentar la demolición y la consiguiente pérdida financiera, daños materiales graves, sanciones urbanísticas, inseguridad jurídica en el registro de la propiedad y problemas para acceder a servicios esenciales.