Dos años de la dana: víctimas y vecinos exigen verdad, justicia y reparación en el barranco del Poyo

Dos marchas de víctimas y damnificados se encontraron este miércoles en el puente que une Massanassa y Catarroja, junto al barranco del Poyo, para recordar el 29 de octubre de 2024, cuando la dana causó la muerte de 233 personas en la Comunitat Valenciana. Los participantes, procedentes de Albal y Benetússer, exigieron «memoria, verdad, justicia y reparación» en el segundo aniversario de la tragedia.

El acto reunió a representantes de los Comités Locals d'Emergència i Reconstrucció (CLER), a las principales asociaciones de víctimas y a numerosos vecinos de la zona cero. La jornada incluyó música en directo, la presencia de la colla Estrela Roja y un minuto de silencio. Al final, algunos asistentes corearon «Mazón a presó», una consigna que refleja el malestar hacia la gestión política de la emergencia.

Las asociaciones centraron sus reclamaciones en la responsabilidad política. Denunciaron que las alertas no llegaron a tiempo ni de forma adecuada, y sostienen que la tragedia pudo evitarse en parte. Por ello piden obras de protección urgentes, una reconstrucción basada en criterios técnicos y una cultura de prevención que priorice la protección de la población frente a las lluvias intensas.

Otro de los ejes del discurso fue la eliminación de los aforamientos de los cargos públicos. Las víctimas consideran que, ante la justicia, no deberían existir privilegios, y reclaman que sus voces sean escuchadas en los procesos de reconstrucción y en las investigaciones en curso. La presencia de un aforado en el centro del debate eleva la tensión política alrededor de estas peticiones.

Las portavoces también expresaron solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Urda y con las familias afectadas por episodios meteorológicos recientes en otras zonas de España. Esa referencia amplía el alcance del mensaje: la demanda de prevención y de responsabilidades ya no se limita a los municipios de la Ribera, sino que se plantea como una cuestión de seguridad colectiva.

Dos años después, los municipios afectados coinciden en que el duelo no está superado. Los CLER sostienen que no se trata de pasar página, sino de mantener abierto el debate sobre lo ocurrido. La cuestión de fondo será si las investigaciones judiciales, la reconstrucción y los sistemas de alerta logran responder a las exigencias de quienes perdieron a sus familiares y de quienes siguen viviendo con miedo cada vez que llueve.